Arbitraje

El sector privado busca seguridad jurídica a través del arbitraje. El arbitraje en Derecho público ha evolucionado en España desde su completa prohibición en 1852. Hoy día las Administraciones públicas ocupan diferentes posiciones jurídicas ante el instituto del arbitraje. Es una materia que preocupa al Estado habida cuenta de la reciente avalancha de litigios arbitrales que se han suscitado contra el Reino de España.

El comercio internacional favorece el intercambio de mercancías a nivel global. La UE ha asumido como competencia exclusiva, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Política Comercial Común, donde se han incluido las inversiones extranjeras directas (IED). A partir de entonces surgió la incógnita sobre la validez de los APPRIs suscritos por los Estados miembros tanto ad intra como ad extra. Dado que la UE tiene competencia exclusiva para suscribir acuerdos en materia de IED, puede ser también sujeto pasivo de un arbitraje internacional. El Reglamento (UE) nº 912/2014 establece cuándo va a actuar como demandado la UE y cuándo un Estado miembro, así como quién es responsable financieramente de los costes del arbitraje y la eventual condena.

El arbitraje en Derecho público ha evolucionado en España desde su completa prohibición en 1852. Los APPRIs han supuesto una palanca en la evolución del arbitraje en el que los Estados forman parte. El orden público internacional es la única norma imperativa que debe tenerse en cuenta para poder anular un laudo. Los tribunales locales prohíjan en ocasiones la acción de anulación para evitar un perjuicio a su país. La palabra del Estado cuando decide someterse a arbitraje, debe ser sagrada.

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 diciembre 2017 resuelve que la Autoridad Portuaria de Vigo no puede someterse a arbitraje frente a una sociedad que estaba que realizaba trabajos propios de una planta de conglomerado asfáltico en terrenos públicos. En particular, niega que el arbitraje pueda cobrar virtualidad cuando estén en juego bienes demaniales, por mucho que existiera un convenio previo en el que la Administración Pública se sometió a un arbitraje de derecho. De pasada, la Sentencia indica las dificultades para que la Administración Pública se someta a arbitraje.

En el presente estudio, vamos a examinar la Sentencia 1/2018, de 11 enero 2018 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Se produce como consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la posible inconstitucionalidad del art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. Aunque la Sentencia sigue el camino habitual sobre la naturaleza del arbitraje, calificándola de “equivalente jurisdiccional” nos parece del mayor interés la calificación realizada por los tres Votos particulares, alguno de los cuales, dando un paso más, indica que realmente se trata de fundar el arbitraje sobre el art. 10 de la Constitución, esto es, de forma directa sobre la dignidad de la persona. Lo cual abre nuevas posibilidades para el fundamento último de la institución arbitral.