El sector privado busca seguridad jurídica a través del arbitraje. El arbitraje en Derecho público ha evolucionado en España desde su completa prohibición en 1852. Hoy día las Administraciones públicas ocupan diferentes posiciones jurídicas ante el instituto del arbitraje. Es una materia que preocupa al Estado habida cuenta de la reciente avalancha de litigios arbitrales que se han suscitado contra el Reino de España.