1. Investigación

Con la entrada en nuestro ordenamiento de la pena de prisión permanente revisable a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se procedió, por parte de varios grupos parlamentarios, a interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre esta pena indeterminada. Más de seis años después, el 6 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional ha validado, con siete votos a favor y tres votos en contra, la pena de prisión permanente revisable. En este trabajo se procede a hacer un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, así como de los votos particulares.

Desde hace varias décadas, la lucha contra corrupción es una de las grandes preocupaciones a nivel internacional. El presente trabajo analiza qué es y para qué sirve la figura del whistleblower, la problemática que presenta la responsabilidad penal corporativa, la importancia de la revelación de actuaciones fraudulentas y, por último, un análisis detallado de la novedosa Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción, transponiendo en nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como la Directiva Whistleblowing.

A través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se introdujo en nuestro país la pena de prisión permanente revisable, pena que ya ha sido efectivamente impuesta por nuestros tribunales en quince ocasiones. Esta pena tan controvertida permite detenernos en algunos aspectos que el legislador deja sin resolver. Destacamos la alevosía y su dificultad para no quebrar el principio ne bis in ídem. Pero también la ambigüedad de algunos términos; la compatibilidad de ciertos artículos del Código Penal por falta de especificidad; la indeterminación de un límite máximo de pena como obstáculo en la modificación de la misma; la figura del cómplice y la desproporción, la tentativa y el límite máximo de la prisión provisional.

Las nuevas tecnologías e Internet han cambiado la forma en la que las personas nos relacionamos y eso ha llegado también al ámbito jurídico. Las actividades delictivas que pueden cometerse a través de la red o utilizando medios informáticos y electrónicos tienen difícil limitación. En este estudio analizamos los delitos de descubrimiento y revelación de secretos recogidos en el capítulo I del Título X del Libro II del Código Penal, siendo el bien jurídico protegido la intimidad. Finaliza este trabajo con una especial mención a la prueba pericial digital, para poder dar a conocer por un experto perito la información digital empleada por las partes para acreditar la realidad de un hecho durante el proceso judicial.

A través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se introdujo en nuestro país la pena de prisión permanente revisable, pena que ya ha sido efectivamente impuesta por nuestros tribunales. La introducción en 2015 de esta nueva institución no vino acompañada del diseño de un sistema de ejecución penitenciaria propio, pues hasta el momento la Ley Orgánica General Penitenciaria permanece inalterada. Sin embargo, sí que existe un modelo de cumplimiento para esta nueva pena indeterminada, que además evidencia el claro riesgo de convertirla en perpetua, sin posibilidad práctica real de revisión. El siguiente trabajo tiene como objeto el examen de los diferentes aspectos de la ejecución penitenciaria de la pena de prisión permanente revisable así como un análisis de las principales figuras penitenciarias en las cinco primeras sentencias de prisión permanente revisable.

Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay quetener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros constituye un reto crucial para los legisladores internacionales y nacionales, especialmente para desincentivar a los delincuentes de recurrir a las monedas virtuales para conseguir sus fines delictivos. La segunda parte del trabajo se dedica a la complejidad de la prueba pericial en el mundo cibernético, especial mención a la informática forense y al informe pericial informático.

Nace motivada para comprender su inclusión, para comprobar los posibles errores o carencias que tenga, para analizar qué ocurre en los países de nuestro entorno y para conocer el futuro de presos que se encuentren en prisión permanente revisable. La tesis está compuesta por seis capítulos estructurados de la siguiente manera: un primer capítulo enmarcado en los aspectos más generalistas de la pena privativa de libertad como consecuencia jurídica del delito. Un segundo capítulo centrado en el proceso de formación de nuestra legislación penal, a través de una aproximación histórica y legislativa desde antes del primer Código Penal de 1822 hasta la actualidad. Un tercer capítulo de derecho comparado, tomando como principales países de estudio Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Un cuarto capítulo que constituye la parte central de esta tesis, desgrana la regulación de la pena de prisión permanente revisable. Se inicia con los antecedentes y los diferentes anteproyectos, pasando por su naturaleza jurídica y su regulación, así como la aplicación de la pena, finalizando con una propuesta de lege ferenda. Un quinto capítulo dedicado a los aspectos penitenciarios de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable. Y un sexto, y último capítulo, centrado exclusivamente en el proceso de revisión de la pena de prisión permanente revisable. La introducción de la pena de prisión permanente revisable en nuestro ordenamiento jurídico se remonta a la tramitación de la actual reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Si bien es cierto, no queda específicamente definida en el articulado de nuestro Código Penal. Su regulación ha sido muy cuestionada esgrimiéndose importantes argumentos acerca de la inconstitucionalidad de esta nueva figura penal. Sin lugar a dudas, el proceso de revisión de la pena de prisión permanente revisable es imprescindible para que la pena perpetua resulte ajustada al Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que se exige que se garantice una expectativa de liberación al condenado. Es por ello que resulta sorprendente que el proceso de revisión no adquiera independencia y autonomía en la norma punitiva. Un exhaustivo análisis de los requisitos del proceso de revisión: la temporalidad, la clasificación en tercer grado y la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social, hacen comprender que lo que si podemos predecir es que esta pena no se revisará casi nunca o si se hace tras prolongadísimos periodos de privación de libertad. Confirmando que es una pena de verdad perpetua, en la que la perspectiva de alcanzar la libertad sea una posibilidad muy remota y poco real, siendo, por lo tanto, inhumana y excluyente de toda posibilidad de resocialización.