Dpto. Ciencias Políticas, Ética y Sociología

La lucha contra el cambio climático (CC) en España es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA). De esta forma, ambos entes competentes deben colaborar a fin de articular un sistema de acción común coherente en aras a la consecución de un fin con importantes implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Es por ello que las relaciones intergubernamentales, ya sean formales o informales, serán un instrumento esencial para evitar duplicidades, solapamientos e incoherencias internas que conlleven la no optimización de los escasos recursos disponibles con los que cuentan tanto el poder central como las regiones. Este trabajo muestra de forma breve el reparto de competencias establecido en el bloque de constitucionalidad y cómo la concepción de la materia como compartida hace necesarias las relaciones intergubernamentales para, posteriormente, describir a grandes rasgos las características de estas en materia de lucha contra el cambio climático y el funcionamiento de los foros formales de relación con los que el Estado y las CCAA cuentan en materia de cambio climático.

No cabe duda de que muchas personas mejoran su imagen corporal y su autoestima a través de procedimientos quirúrgicos estéticos. En este caso, los médicos han logrado cumplir con la beneficencia y el interés del paciente. Pero existen casos no aislados y frecuentes, en los que los pacientes sufren daños corporales y mentales como consecuencia de esas intervenciones. Los procedimientos quirúrgicos implican más riesgos y complicaciones que los no quirúrgicos y algunos de ellos son dolorosos. En este tipo de cirugías estéticas, el mejor interés del paciente, su beneficencia a todos los niveles, exige no solamente que los procedimientos estéticos se realicen de modo seguro, sino que debería también exigirse un informe psicológico favorable previo a la cirugía que descarte posibles alteraciones psicosociales sobre la imagen corporal de los pacientes, alteraciones que por otra parte se han incrementado en la sociedad por la elevada presión estética actual. La aplicación correcta de la beneficencia médica debería contemplar la ejecución de alternativas no quirúrgicas con menos riesgos y cuyos beneficios están probados. ¿Resuelven siempre las cirugías estéticas la causa generadora de la insatisfacción corporal?

La medicina estética es un área médica relativamente reciente, cada vez más extensa y que busca entre sus fines el mejoramiento de la belleza corporal. De modo real y efectivo son muchas las personas que logran mejorar su imagen y su autoestima a través de los procedimientos estéticos. En estos casos, los médicos estéticos afirman que han logrado cumplir el interés del paciente contribuyendo a su salud y bienestar. Pero ante esta nueva medicina moderna, y después de unos años de seguimiento de sus prácticas, surgen algunas dudas sobre su integridad como verdadera ciencia médica a la luz de los fines y la misión de la medicina. Algunos resultados adversos de sus procedimientos, el aumento de demandas judiciales por mala praxis y la influencia social negativa a través publicidades estéticas engañosas llevan a pensar si, algunos aspectos de esta nueva área se ajustan correctamente a los principios de la bioética y al buen hacer del arte médico. Las dudas surgen en torno a la correcta aplicación de los principios de autonomía del paciente y de la beneficencia/no maleficencia. No resulta clara la validez del consentimiento informado en personas que toman decisiones estéticas presionadas por un ambiente social que difunde unos niveles de belleza muy exigentes. A esto se añaden las dudas sobre la idoneidad psicológica de algunos candidatos a operarse que, por la protección de su beneficencia, debería exigirse la consulta previa con especialista en salud mental para descartar posibles trastornos.

Hablar del Empleo Público en el marco de una Administración en proceso de cambio constante significa expresar unas expectativas sobre la misma. Una concepción institucional acerca del Empleo Público engloba una ideología condicionada por el rol que los empleados públicos desempeñan en pro de la gober-nabilidad. Gobiernos responsables que ejecutan buenas políticas públicas, mediante organizaciones de buen desempeño, son claves esenciales de la Gestión Pública de la gobernabilidad actual. Ese marco político-administrativo es el terreno actual de juego para las Administraciones Públicas progresivas, y en él, debe insertarse el Empleo Público como organización institucional al servicio de los objetivos fijados para el interés público. El trabajo, considerando la evolución seguida en nuestro mode-lo hacia una concepción más abierta e institucional, analiza el nuevo Estatuto del Empleado Público, como el último hito en esta dinámica. En su doble perspectiva de continente y contenido, éste realiza sin duda aportaciones significativas en muchos aspectos, pero también deja en el tintero cuestiones, que a Los efectos del planteamiento expuesto, resultan cruciales.