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El Decreto-Ley 118/2021 de 24 de agosto (convertido, con modificaciones, en la Ley 14 7 /2021, de 21 de octubre) incorpora en !la legislación italiana, como medida urgente en materia de crisis empresarial y reestructuración, los que pueden denominarse acuerdos negociados para la resolución de las crisis empresariales (composizione negoziata per la soluzione della crisis de empresa). Con ello, se procura reconocimiento legislativo a un procedimiento negociado que permita al deudor empresario en grave situación económica o financiera, que lo sitúa en probabilidad de insolvencia, solicitar a la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura del domicilio social el nombramiento de un experto independiente cuando la reestructuración de la empresa pueda llevarse a cabo razonablemente.

Destacar la relevancia de la terminología jurídica romana en materia de contratos, origen de conceptos clave del derecho actual como contrato(contractus) pacto (pactum), convención (conuentio), transacción (transactio), promesa unilateral o policitación (pollicitatio)..., de enorme riqueza dogmática en el derecho romano. Constituye este, pues, una herramienta necesaria en el diálogo entre las dos tradiciones más extendidas en el mundo: la romano-germánica y la del Common law. Para una correcta puesta en común de la terminología respectiva de sendas tradiciones jurídicas, e, incluso, de las tradiciones nacionales dentro de una misma tradición jurídica, el análisis de la génesis y naturaleza de los conceptos respectivos en el derecho romano resulta imprescindible. Se propone también una revisión de la teoría tradicional de las fuentes de las obligaciones en el derecho romano y se aborda críticamente la reciente reforma del Código civil francés en materia de obligaciones (año 2016), así como algunas de las diversas iniciativas, públicas y privadas, de unificación internacional del derecho privado.

Esta investigación forma parte de un proyecto más ambicioso, orientado a determinar el rol del derecho ambiental, y su relaciones con el derecho administrativo, en la conformación de las claves para una gobernanza ambiental. Qué temáticas y actores participan e inciden, y de qué manera se toman decisiones con repercusión ambiental y territorial. Cuáles son los determinantes políticos, institucionales, sociales y culturales de la cohesión social y territorial, y qué capacidades de acción colectiva se requieren. Y cómo desarrollar un buen sistema de gobernanza democrática territorial bajo un paradigma jurídico de corresponsabilidad ambiental.

El propósito de este estudio es, en primer lugar, examinar de un modo breve y a la luz de la más reciente doctrina y jurisprudencia los deberes y obligaciones de los administradores, entendidos, en caso de considerarse in­cumplidos, como presupuesto de la exigibilidad de su responsabilidad; en se­gundo lugar, hacer un repaso histórico a lo largo de la evolución del régimen de la responsabilidad de los administradores en las sociedades de capital en el Derecho mercantil español; y, por último, mencionar algunas cuestiones referentes al ámbito subjetivo de la responsabilidad de los administradores.

Esta tesis doctoral ha buscado conocer en detalle el marco jurídico y la evolución de la autorregulación publicitaria en nuestro país y sus efectos prácticos, desde el análisis de las resoluciones sobre publicidad engañosa del Jurado de la Publicidad durante los últimos veinticinco años en la televisión comercial en España. Así, los objetivos que impulsan esta investigación son tres, todos ellos de señalada repercusión sobre el espectador y consumidor, destinatario último de la publicidad. En primer lugar, profundizar en la autorregulación como expresión de una conciencia de trabajar por una publicidad responsable por parte de la industria. En segundo lugar, entender la televisión como el medio de comunicación de más relevancia, capacidad de influencia y consumo en el periodo estudiado y, por tanto, de mayor predominio publicitario. Y, finalmente, analizando una de las figuras, la publicidad engañosa en el medio televisión desde la perspectiva de las resoluciones del Jurado de la Publicidad, que más efectos negativos pudiera tener sobre los receptores y el propio ecosistema publicitario. El periodo analizado es 1995-2020.

La tesis se inicia con una delimitación conceptual del buen gobierno y su interrelación con figuras afines (transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social, y cumplimiento normativo), exponiendo a continuación un análisis de la transparencia en las entidades deportivas, en relación con las actuaciones realizadas por Transparencia Internacional España en el ámbito deportivo, constatando el alcance y efectos del denominado Índice de Transparencia de los Clubes de Fútbol (INFUT); igualmente se aborda en la investigación el estudio del control económico, como factor coadyuvante de buen gobierno e integridad en el fútbol profesional, así como los antecedentes, marco normativo e iniciativas de buen gobierno en distintos ámbitos, contemplando el tratamiento e implantación/implementación del buen gobierno y figuras afines en entidades del entorno deportivo. Por último, se centra la tesis en la exposición de propuestas de reforma, iniciativas, medidas y actuaciones de mejora en materia de buen gobierno en el deporte, con especial mención y estudio del Anteproyecto de Ley del deporte aprobado el 1 de febrero de 2019, y texto que le antecede coordinado por Palomar Olmeda, reseñándose en el apartado correspondiente a las conclusiones y valoraciones finales el avance que, en esencia y con matices, constituyen tales iniciativas.

Se analiza el derecho de sufragio de los inmigrantes latinoamericanos en España y su aplicación práctica en los comicios locales de 2011. Estos fueron los primeros en los que tales inmigrantes pudieron ejercer el derecho de sufragio sin necesidad de haber obtenido la nacionalidad española gracias a la suscripción de acuerdos de reciprocidad en materia de sufragio firmados por el Gobierno Español a partir de 2009, en desarrollo del artículo 13 de la Constitución, al margen de Europa y de la Unión Europea (UE). Asimismo, se analiza el refuerzo de la vinculación jurídica entre España y los países latinoamericanos, una vinculación que se inicia fundamentalmente mediante la suscripción de tratados de doble nacionalidad que España ha firmado con países de su comunidad histórica, siendo el primero de ellos el acuerdo de 1958 suscrito con Chile. Esta vinculación, igualmente, y según analiza el trabajo, constituye un ejemplo de ciudadanía postnacional según formulaciones planteadas por pensadores del ámbito jurídico y político entre los que destaca Jürgen Habermas, uno de los padres de la sustentación de la idea de ciudadanía europea. Una formulación que está configurando lo que bien puede considerarse como una ciudadanía iberoamericana. La originalidad de la tesis estriba en primer lugar en que, si bien existe abundante documentación sobre el derecho de los inmigrantes, son escasos o no sistemáticos los estudios centrados en el sufragio del colectivo latinoamericano en España, algo en lo que profundiza la tesis. En segundo lugar, este trabajo presenta una visión multidisciplinar desde la perspectiva de tres disciplinas: el Derecho, la Ciencia Política y la Sociología. En cuanto a esta última disciplina, la tesis contiene una encuesta y un grupo focal especialmente realizados para ella, este último efectuado en la sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) con la participación de los representantes de las asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en España más representativas. Igualmente, la tesis se nutre de las dos estancias internacionales realizadas por la autora durante el desarrollo del trabajo; en las universidades estadounidenses de Georgetown (Washington, D.C.) y George Mason (Virginia). En tercer lugar la tesis posee una actualidad de primer orden en momentos en los que la colectividad española manifiesta especial apego a los valores españoles, hispanos e iberoamericanos. La metodología se apoya fundamentalmente en el método de la triangulación de Denzin y en el método comparado de Morlino.

La autora analiza, conforme a la legislación española de sociedades de capital, la posibilidad de las acciones y las participaciones sociales, de atribuir derechos de socio de forma diversa a sus titulares, con diferencias de régimen jurídico según se trate de una sociedad no cotizada o cotizada. Además, explica los efectos que conlleva la clasificación de las acciones en distintas clases de acuerdo con sus derechos incorporados y las implicaciones de la existencia de acciones sin derecho a voto.

La cuestión que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2018 es la relativa al alcance de la condena a la cobertura del déficit concursal, en el supuesto, planteada a los miembros del consejo rector de una cooperativa. En este contexto, se analiza la condena a la cobertura del déficit concursal prevista en nuestra legislación de insolvencia, desde la perspectiva de las modificaciones legales introducidas en la misma y su interpretación

Las universidades privadas compiten en una situación de doble desventaja: por un lado, no gozan de la alta subvención de las públicas, y por otro lado sufren un control administrativo propio de las entidades subvencionadas. Los servicios docentes de las universidades privadas, al ser pagados por los alumnos, tienen naturaleza de servicios económicos, y la consecuencia de ello es que se les debería aplicar todo el régimen normativo tendente a la flexibilización de la intervención administrativa en la prestación de servicios, que se deriva de la Directiva 123/2006 de Servicios del Mercado Interior, y la normativa española de trasposición. Debería generalizarse la declaración responsable como alternativa a la autorización, y eliminarse la necesidad de acreditar la demanda social o similar, como requisito para el desarrollo universitario. Además, el sistema de financiación del SUE no sólo adolece de problemas de equidad, eficiencia y falta de motivación para la mejora, sino que está en grave contracción, agravada por la crisis de la Covid19. Como sistema de financiación que equilibrara todos los intereses, se deberían incrementar precios, y desarrollar un sistema de préstamos contingentes a la renta, que, para nivelar la competencia, debería alcanzar también a los alumnos de universidades privadas. En el sistema universitario español se compite en situación de desigualdad, y además al sector privado no financiado, se le aplican las mismas normas de control administrativo que al público. Igualmente, el sistema de financiación es deficiente e insuficiente. Deben realizarse cambios que incrementen la competencia en el SUE, y le doten una mejor financiación.

La legislación concursal española mantiene en el concurso de acreedores la sección de calificación, dirigida a determinar los efectos civiles de la responsabilidad por la generación o la agravación de la insolvencia en la que pudieran haber incurrido el concursado, sus representantes legales, sus administradores o liquidadores de hecho y sus directores generales, así como, en su caso, los cómplices. La calificación culpable del concurso de acreedores despliega efectos en el orden personal y produce también efectos patrimoniales que inciden tanto sobre las personas afectadas por la calificación como sobre los cómplices

El trabajo analiza el objetivo de la Directiva UE 2019/1023, de 20 de junio, de que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad. Bajo esta premisa la reestructuración preventiva que persigue impulsar la Directiva europea se asienta en la previsión de procedimientos que ofrezcan a los deudores en dificultades financieras soluciones eficientes –en coste y en resultados- siempre que exista viabilidad

El régimen general de los planes de reestructuración no determina expresamente la posición del deudor persona jurídica, en los supuestos de insolvencia inminente y actual. En cuanto el preconcurso no implica el desapoderamiento del deudor persona jurídica y éste ha de diferenciarse de las personas de los socios, se formulan algunas consideraciones críticas respecto a las previsiones legales referidas al deudor persona jurídica en el derecho preconcursal.

La cuestión que aborda la Sentencia del Tribunal Supremo 364/2021, de 26 de mayo, es la relativa al alcance del contenido de la impugnación del inventario de la masa activa en el concurso de acreedores de una cooperativa de viviendas, que la legislación concursal regula señalando que la impugnación del inventario podrá consistir en la solicitud de la inclusión o de la exclusión de bienes o derechos, o del aumento o disminución del avalúo de los incluidos. Lo que se discute es si dicha previsión legal permite que por este cauce puedan resolverse cuestiones jurídicas previas a la impugnación que se pretende o si por esta vía sólo cabe solicitar estrictamente la inclusión o exclusión de bienes o derechos o el aumento o disminución del avalúo de los incluidos.