Las universidades privadas compiten en una situación de doble desventaja: por un lado, no gozan de la alta subvención de las públicas, y por otro lado sufren un control administrativo propio de las entidades subvencionadas. Los servicios docentes de las universidades privadas, al ser pagados por los alumnos, tienen naturaleza de servicios económicos, y la consecuencia de ello es que se les debería aplicar todo el régimen normativo tendente a la flexibilización de la intervención administrativa en la prestación de servicios, que se deriva de la Directiva 123/2006 de Servicios del Mercado Interior, y la normativa española de trasposición. Debería generalizarse la declaración responsable como alternativa a la autorización, y eliminarse la necesidad de acreditar la demanda social o similar, como requisito para el desarrollo universitario. Además, el sistema de financiación del SUE no sólo adolece de problemas de equidad, eficiencia y falta de motivación para la mejora, sino que está en grave contracción, agravada por la crisis de la Covid19. Como sistema de financiación que equilibrara todos los intereses, se deberían incrementar precios, y desarrollar un sistema de préstamos contingentes a la renta, que, para nivelar la competencia, debería alcanzar también a los alumnos de universidades privadas. En el sistema universitario español se compite en situación de desigualdad, y además al sector privado no financiado, se le aplican las mismas normas de control administrativo que al público. Igualmente, el sistema de financiación es deficiente e insuficiente. Deben realizarse cambios que incrementen la competencia en el SUE, y le doten una mejor financiación.