El principio constitucional de publicidad procesal y el derecho a la información

Abstract

La publicidad procesal posee una doble función en la Constitución española: como garantía para el justiciable (art. 24 CE) y como principio de actuación del Poder Judicial (art. 120 CE). Esta publicidad procesal es desarrollada de forma mediata en las sociedades contemporáneas por los medios de comunicación a través del ejercicio del derecho a la información. Sin embargo, la frecuente instauración del secreto de sumario y otras limitaciones procesales introduce un elemento de conflictividad en las relaciones entre Poder Judicial y medios de comunicación. La declaración sin modulaciones del secreto sumarial implica su reiterado incumplimiento, requiriéndose una nueva normativa que permita matizar dicho secreto en función de diversas circunstancias y reconduzca la relación en el Poder Judicial y los medios de comunicación desde el reconocimiento de la importante y simbiótica labor desarrollada por ambos en los sistemas democráticos.

Procedural publicity has a dual function in the Spanish Constitution: as a guarantee for the accused (art. 24 EC) and as a principle of action of the Judiciary (art. 120 EC). This procedural publicity is developed in a mediated way in contemporary societies by the media through the exercise of the right to information. However, the frequent establishment of the secrecy of the judicial investigations and other procedural limitations introduces an element of conflict in the relationship between the Judiciary and the media. The unmodulated establishment of the secrecy of judicial investigations results in its repeated non-compliance, requiring a new regulation that allows to qualify such secrecy according to different circumstances and to redirect the relationship between the Judiciary and the media from the recognition of the important and symbiotic work developed by both in democratic systems.