Arbitraje

La incorporación de los medios anternativos de resolución de conflictos en la UE, dentro del sistema de administración de justicia, terminará por concretizar que, en el espacio de la Unión, la noción de “acceso a la justicia” ha sido expandida para garantizar, en igualdad de circunstancias, el ejercicio del derecho de acceso a la “justicia jurisdiccional” mediante la utilización del proceso y, también, el ejercicio del derecho de acceso a la “justicia no jurisdiccional” a través de medios alternativos de resolución de conflictos. El presente estudio adopta como punto de partida la “constitucionalización” de los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR) en la Unión Europea y, finalmente, determinar cuáles los posibles efectos consecuenciales de esta nueva política adoptada por la UE. En la primera parte, se hace una exposición resumida de lo que significa la noción de medios alternativos de resolución de conflictos y su posterior recibimiento dentro la UE. En la segunda parte, se examina el fenómeno de la constitucionalización de los medios alternativos de resolución de conflictos y se discurre acerca de los potenciales efectos que trae consigo la existencia de una norma en la cual se garantiza su incorporación como parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio profundo en el reparto competencial entre la UE y los Estados miembros en materia de las inversiones extranjeras. La principal novedad hace referencia a la inclusión de las inversiones extranjeras directas dentro de la Política Comercial Común; se convierte, así, en una materia de competencia exclusiva de la UE. Son muchas las cuestiones que plantea esta nueva regulación. Como primera respuesta a la incertidumbre creada, la Comisión ha adoptado dos instrumentos (una Comunicación y una propuesta de Reglamento) que, con mayor o menor acierto, muestran el sentido y alcance de esta modificación legislativa, la dirección de una política común de inversiones futura, a la vez que tratan de dotar de seguridad jurídica en esta nueva época de transición.

El Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) constituye el primer gran acuerdo firmado por la Unión Europea que incorpora la regulación de las inversiones extranjeras sobre la base del nuevo marco competencial diseñado por el Tratado de Lisboa. Son muchas las novedades que introduce el CETA, tanto en la parte sustantiva de la protección de las inversiones, como en la parte que regula el polémico mecanismo de arreglo de diferencias inversor–Estado. El presente trabajo aborda un análisis crítico de este Acuerdo y, por tanto, del nuevo modelo de regulación que propone e impulsa la Unión Europea en este ámbito. En el mismo se identifican muchas de las claves que permiten comprender y valorar el alcance y la importancia de la aportación que realiza el CETA al desarrollo de ese “nuevo” Derecho de las inversiones extranjeras en construcción.