La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha supuesto un cambio profundo en el reparto competencial entre la UE y los Estados miembros en materia de las inversiones extranjeras. La principal novedad hace referencia a la inclusión de las inversiones extranjeras directas dentro de la Política Comercial Común; se convierte, así, en una materia de competencia exclusiva de la UE. Son muchas las cuestiones que plantea esta nueva regulación. Como primera respuesta a la incertidumbre creada, la Comisión ha adoptado dos instrumentos (una Comunicación y una propuesta de Reglamento) que, con mayor o menor acierto, muestran el sentido y alcance de esta modificación legislativa, la dirección de una política común de inversiones futura, a la vez que tratan de dotar de seguridad jurídica en esta nueva época de transición.