Facultad de Derecho, Empresa y Políticas

Este capítulo tiene por objeto aproximarnos a la realidad de las niñas en la fase de reintegración en los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración, concretamente en el Estado de Colombia, y determinar si sus políticas les proporcionan una atención especializada que permita el restablecimiento de sus derechos en el post-acuerdo, así como identificar los principales retos a los que se enfrenta al respecto.

La despoblación de las zonas rurales en España es un problema del que derivan importantes consecuencias sociales, económicas y políticas. De entre las medidas orientadas a hacerles frente, parece especialmente significativa en términos jurídico-políticos el mecanismo de garantía rural. Dicho mecanismo, que persigue que se tenga en cuenta la visión rural en toda ley o política pública que se vaya a desarrollar por parte de los poderes públicos, se ha convertido en un reclamo para la llamada España vaciada. El artículo se plantea, de un lado, cuáles son el origen y la realidad del rural proofing en España —a nivel estatal y autonómico—, y si el desarrollo de medidas de este tipo en beneficio de los territorios rurales podría verse influenciado por el mayor o menor impacto electoral de las formaciones políticas que están surgiendo en los territorios más despoblados de nuestro Estado. De otro lado, centra la atención sobre la realidad valenciana para plantear cuáles han sido las principales medidas desarrolladas en dicho contexto para afrontar los problemas derivados de la despoblación y para ruralizar las leyes y las políticas públicas. Si bien no parece que la España vaciada vaya a tener siglas propias en los próximos comicios en la Comunitat Valenciana, estamos ante un problema que también ha calado en la agenda política valenciana, dando pie al Anteproyecto de ley integral de medidas contra la despoblación en la Comunitat Valenciana, cuya culminación parlamentaria debería ser ágil para evitar verse afectado por el decaimiento de la actividad parlamentaria que, a más tardar, tendrá lugar en abril de 2023.

El sistema de acogida de las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España consta de dos áreas —acogida e integración— de titularidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El marco normativo viene impuesto en el plano nacional por la Ley 12/2009, sobre asilo, y el tan esperado reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real decreto 220/2022 en marzo de este año, y en el marco europeo, por la Directiva 33/2013 sobre condiciones de acogida. Sin embargo, la implementación de ese marco normativo corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y su gestión se divide entre recursos de titularidad pública y recursos de titularidad privada. Una acogida garantista con los derechos de las personas que acceden al sistema de asilo es la base para una integración positiva en la sociedad de acogida. La Comunitat Valenciana es consciente de la importancia e incluso cuenta con su propia Ley de integración 15/2008, pero ¿cuál es su papel exactamente en el sistema de acogida? Se verá que es protagonista en el proceso de asilo debido al complejo entramado competencial y se observará el potencial de la comunidad gracias al análisis normativo y de recursos destinados a la acogida de los que dispone.

Hablar del Empleo Público en el marco de una Administración en proceso de cambio constante significa expresar unas expectativas sobre la misma. Una concepción institucional acerca del Empleo Público engloba una ideología condicionada por el rol que los empleados públicos desempeñan en pro de la gober-nabilidad. Gobiernos responsables que ejecutan buenas políticas públicas, mediante organizaciones de buen desempeño, son claves esenciales de la Gestión Pública de la gobernabilidad actual. Ese marco político-administrativo es el terreno actual de juego para las Administraciones Públicas progresivas, y en él, debe insertarse el Empleo Público como organización institucional al servicio de los objetivos fijados para el interés público. El trabajo, considerando la evolución seguida en nuestro mode-lo hacia una concepción más abierta e institucional, analiza el nuevo Estatuto del Empleado Público, como el último hito en esta dinámica. En su doble perspectiva de continente y contenido, éste realiza sin duda aportaciones significativas en muchos aspectos, pero también deja en el tintero cuestiones, que a Los efectos del planteamiento expuesto, resultan cruciales.