La despoblación de las zonas rurales en España es un problema del que derivan importantes consecuencias sociales, económicas y políticas. De entre las medidas orientadas a hacerles frente, parece especialmente significativa en términos jurídico-políticos el mecanismo de garantía rural. Dicho mecanismo, que persigue que se tenga en cuenta la visión rural en toda ley o política pública que se vaya a desarrollar por parte de los poderes públicos, se ha convertido en un reclamo para la llamada España vaciada. El artículo se plantea, de un lado, cuáles son el origen y la realidad del rural proofing en España —a nivel estatal y autonómico—, y si el desarrollo de medidas de este tipo en beneficio de los territorios rurales podría verse influenciado por el mayor o menor impacto electoral de las formaciones políticas que están surgiendo en los territorios más despoblados de nuestro Estado. De otro lado, centra la atención sobre la realidad valenciana para plantear cuáles han sido las principales medidas desarrolladas en dicho contexto para afrontar los problemas derivados de la despoblación y para ruralizar las leyes y las políticas públicas. Si bien no parece que la España vaciada vaya a tener siglas propias en los próximos comicios en la Comunitat Valenciana, estamos ante un problema que también ha calado en la agenda política valenciana, dando pie al Anteproyecto de ley integral de medidas contra la despoblación en la Comunitat Valenciana, cuya culminación parlamentaria debería ser ágil para evitar verse afectado por el decaimiento de la actividad parlamentaria que, a más tardar, tendrá lugar en abril de 2023.