2. Universidad Cardenal Herrera-CEU

La transferencia de competencias normativas sobre tributos cedidos permite a las Comunidades Autónomas aumentar o disminuir la presión fiscal en sus territorios, pero además supone la posibilidad de desarrollar una política fiscal propia. Las principales medidas fiscales adoptadas por el legislador valenciano y que sonmanifestación de la política fiscal general desarrollada por esta Comunidad se recogen en la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Este texto contiene normas que afectan prácticamente a todos los impuestos cedidos, con alcance y efectosmuy diferentes, siendo especialmente importantes lasmedidas introducidas en relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El estudio de talesmedidas demuestra que es objetivo general del legislador valencianomejorar la tributación y, en definitiva, la calidad de vida de los ciudadanos, pero además el análisis de la norma autonómica deja patente que existe un compromiso con los principios y valores constitucionales. La política fiscal desarrollada por las Cortes Valencianas se ha dirigido especialmente a la defensa y protección jurídica de la familia en todos sus aspectos, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 39 de la Constitución Española.

La presente obra, elaborada por un Grupo de Investigación financiado por la Generalitat Valenciana, e integrado - bajo la coordinación del Dr. D. Manuel martínez Sospedra-por profesores de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, pretende ser un estudio minucioso y detallado de la LEY 1/2001, de 6 de abril, por la que se regulan las parejas de hecho en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Se trata de un libro de referencia para todo aquel que muestre interés por una figura, la de las parejas o uniones de hecho que, nos guste o no, está en claro desarrollo y evolución en nuestra sociedad y merece ser estudiada.

La protección y tutela del patrimonio cultural es, sin duda, una materia que goza constantemente de total actualidad, y a la que se dirige la atención de las autoridades públicas, pues se trata de bienes que, en definitiva, forman parte de la fisonomía de un pueblo. Y en este marco adquiere gran relevancia la tutela del patrimonio cultural eclesiástico, al ser, de hecho, la Iglesia la titular de una parte muy importante de los bienes que conforman nuestro patrimonio. La tutela de los bienes culturales se convierte así en una de las materias que mayor interés suscita en el ámbito de las relaciones Iglesia Estado, y en una de las materias más complejas y delicadas, dado el interés confluyente de ambas instituciones. El presente estudio pretende, en este caso, abordar el régimen jurídico de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de la Iglesia Católica, dada la especial naturaleza de éstos, refiriéndonos principalmente a la disciplina propia de la Comunidad Autónoma Valenciana.

La despoblación de las zonas rurales en España es un problema del que derivan importantes consecuencias sociales, económicas y políticas. De entre las medidas orientadas a hacerles frente, parece especialmente significativa en términos jurídico-políticos el mecanismo de garantía rural. Dicho mecanismo, que persigue que se tenga en cuenta la visión rural en toda ley o política pública que se vaya a desarrollar por parte de los poderes públicos, se ha convertido en un reclamo para la llamada España vaciada. El artículo se plantea, de un lado, cuáles son el origen y la realidad del rural proofing en España —a nivel estatal y autonómico—, y si el desarrollo de medidas de este tipo en beneficio de los territorios rurales podría verse influenciado por el mayor o menor impacto electoral de las formaciones políticas que están surgiendo en los territorios más despoblados de nuestro Estado. De otro lado, centra la atención sobre la realidad valenciana para plantear cuáles han sido las principales medidas desarrolladas en dicho contexto para afrontar los problemas derivados de la despoblación y para ruralizar las leyes y las políticas públicas. Si bien no parece que la España vaciada vaya a tener siglas propias en los próximos comicios en la Comunitat Valenciana, estamos ante un problema que también ha calado en la agenda política valenciana, dando pie al Anteproyecto de ley integral de medidas contra la despoblación en la Comunitat Valenciana, cuya culminación parlamentaria debería ser ágil para evitar verse afectado por el decaimiento de la actividad parlamentaria que, a más tardar, tendrá lugar en abril de 2023.

El sistema de acogida de las personas solicitantes de asilo y beneficiarias de protección internacional en España consta de dos áreas —acogida e integración— de titularidad compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El marco normativo viene impuesto en el plano nacional por la Ley 12/2009, sobre asilo, y el tan esperado reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real decreto 220/2022 en marzo de este año, y en el marco europeo, por la Directiva 33/2013 sobre condiciones de acogida. Sin embargo, la implementación de ese marco normativo corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y su gestión se divide entre recursos de titularidad pública y recursos de titularidad privada. Una acogida garantista con los derechos de las personas que acceden al sistema de asilo es la base para una integración positiva en la sociedad de acogida. La Comunitat Valenciana es consciente de la importancia e incluso cuenta con su propia Ley de integración 15/2008, pero ¿cuál es su papel exactamente en el sistema de acogida? Se verá que es protagonista en el proceso de asilo debido al complejo entramado competencial y se observará el potencial de la comunidad gracias al análisis normativo y de recursos destinados a la acogida de los que dispone.