1. Investigación

Cuando hablamos de menores, la patria potestad sólo puede concebirse actualmente como una función, establecida además en interés y beneficio del menor, por lo que los padres deberán ejercerla teniendo siempre presente la personalidad del niño. El ordenamiento jurídico ha otorgado a los padres amplias facultades para el cumplimiento de sus deberes de guarda y formación, encontrándose alguna de ellas constitucionalizada como es el caso del derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. El derecho paterno no puede suponer un derecho a imponer un modelo ideológico al niño, ya que nos encontraríamos ante una vulneración de su derecho de libertad de creencias. Derecho de menores; el derecho referido deberá ejercerse por los padres siempre en función del interés del menor, pues su objetivo último es hacer efectivo su derecho a la educación y a la libre formación de su conciencia en tanto éste no haya alcanzado las suficientes condiciones de madurez para optar por sí mismo; condiciones que delimitarán, según vaya siendo adquiridas por el niño, las funciones de guía y cooperación que ostentan los padres respecto de la evolución de sus hijos.

La exclusión de la fidelidad conyugal como capítulo de nulidad, se desvela, tras un primer análisis, como un ámbito complejo y difuso del Derecho matrimonial canónico. La presente obra pretende, por ello, desde una perspectiva teórico-práctica, ofrecer, en primer lugar, un estudio completo e íntegro de la obligación de fidelidad conyugal en el Ordenamiento canónico, poniendo de relieve el valor jurídico de una dimensión más profunda e interior de ésta, en consonancia con la perspectiva personal e interpersonal del matrimonio defendida por el vigente Código de Derecho Canónico. En segundo lugar, se pone de manifiesto la trascendencia jurídica de la exclusión de la fidelidad como capítulo autónomo de nulidad. Para ello se describen los supuestos de hecho que constituyen una vulneración de la obligación de fidelidad. Toda la obra se acompaña con un profundo y completo análisis de la cuestión a través del estudio de la jurisprudencia canónica española.

Nuestro trabajo pretende analizar cómo se da cumplimiento a la exigencia de los principios de transparencia y publicidad en el parlamento, órgano que, por representar directamente al pueblo, consideramos que debe satisfacer con mayor rigor, si cabe, los requisitos apuntados. Así, a lo largo del mismo, se reflexiona brevemente sobre la idea de la publicidad para, posteriormente, adentrarse, de modo más concreto, en cómo se cumple con dicho principio en la actividad parlamentaria, analizando de modo particular las previsiones normativas que a tal fin se recogen en el Reglamento de Les Corts, sin olvidar por ello referencias a las Cortes Generales y, en menor medida, al resto de parlamentos autonómicos. Sin pretender anticipar las conclusiones, podemos afirmar que, como no podía ser menos en cualquier estado de derecho que se precie de serlo, la publicidad es la norma inspiradora de la actividad parlamentaria en España y en las comunidades autónomas, lo que no impide que existan ciertas dosis de secreto, que en unos casos viene directamente establecido por vía reglamentaria (o incluso legislativa), mientras en otros depende de la voluntad de los propios parlamentarios.

El menor de edad ocupa un lugar cada vez más destacado en la sociedad, y no sólo como merecedor de protección, que también, si no especialmente por su condición de sujeto de derechos; consideraciones que lógicamente han influido en la delineación de los distintos ámbitos en los que el niño se desarrolla, reconociéndole una mayor autonomía. En esta dirección, el derecho a la libertad de creencias y a la libre formación de la conciencia, dado su carácter fundamental y su estrecha vinculación a la dignidad humana, ostenta la más alta consideración en nuestro sistema, y es, por supuesto, reconocido al menor de edad en toda su plenitud. No obstante, y al mismo tiempo, el menor goza de una especial protección mientras no alcance el suficiente juicio para el ejercicio de dichos derechos, recogiéndose por nuestro ordenamiento una exigencia de cuidado que recae sobre los titulares de la patria potestad, y que se traduce en diversas facultades que les son otorgadas para el correcto desarrollo del deber asignado. Partiendo de tales premisas, y teniendo en cuenta que la actuación paterna puede incidir en el contenido de los derechos de los hijos, la presente investigación se centra en el análisis de una concreta facultad, el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones, dada su aparente conflictividad con los derechos fundamentales del menor a su libertad de creencias y a la educación.

The use of human milk in milk banks requires thermal processing to eliminate microbiological hazards. An evaluation is made of the stability of overall human milk bactericidal capacity following 2 modalities of thermal pasteurization: 63°C/30 minutes and 75°C/15 seconds. Ten milk samples (mature milk) were analyzed. In each sample, the effect of both thermal treatments on bactericidal capacity against Escherichia coli was evaluated in relation to the capacity of fresh milk (control). All the samples analyzed possessed bactericidal capacity. Human milk pasteurization induced a significant loss of this capacity that was more pronounced after high-temperature treatment than after low-temperature processing. Untreated milk, low-pasteurized milk, and high-pasteurized milk yielded a reduction in E. coli growth of 70.10%, 52.27%, and 36.39%, respectively. In conclusion, human milk possesses antimicrobial activity that is lost in part as a result of thermal processing. Such bactericidal capacity is, moreover, better preserved by low-temperature, long-time pasteurization.