1. Investigación

El Tribunal Supremo determina el criterio de imputación que debe seguirse respecto a los pagos que realiza el Fondo de Garantía Salarial en un concurso de acreedores. El Estatuto de los Trabajadores no contiene ninguna regla de imputación de los pagos que realiza el Fondo de Garantía Salarial -que se subroga en la posición de cada uno de los trabajadores respecto de los créditos satisfechos y frente a la sociedad concursada-, más allá de la especificación de las cuantías abonadas por indemnizaciones y por salarios, ni tampoco se encuentra esta regla en la normativa general laboral sobre imputación de pagos a créditos laborales.

El Decreto-Ley 118/2021 de 24 de agosto (convertido, con modificaciones, en la Ley 14 7 /2021, de 21 de octubre) incorpora en !la legislación italiana, como medida urgente en materia de crisis empresarial y reestructuración, los que pueden denominarse acuerdos negociados para la resolución de las crisis empresariales (composizione negoziata per la soluzione della crisis de empresa). Con ello, se procura reconocimiento legislativo a un procedimiento negociado que permita al deudor empresario en grave situación económica o financiera, que lo sitúa en probabilidad de insolvencia, solicitar a la Cámara de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura del domicilio social el nombramiento de un experto independiente cuando la reestructuración de la empresa pueda llevarse a cabo razonablemente.

El trabajo aborda el análisis del presupuesto objetivo de los distintos procedimientos que el texto refundido de la Ley Concursal, tras su reforma por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, incorpora para atender a las crisis financieras y económicas. En este sentido, se analiza el presupuesto objetivo del concurso de acreedores, del preconcurso y del procedimiento especial para microempresas.

El régimen general de los planes de reestructuración no determina expresamente la posición del deudor persona jurídica, en los supuestos de insolvencia inminente y actual. En cuanto el preconcurso no implica el desapoderamiento del deudor persona jurídica y éste ha de diferenciarse de las personas de los socios, se formulan algunas consideraciones críticas respecto a las previsiones legales referidas al deudor persona jurídica en el derecho preconcursal.

La legislación concursal española mantiene en el concurso de acreedores la sección de calificación, dirigida a determinar los efectos civiles de la responsabilidad por la generación o la agravación de la insolvencia en la que pudieran haber incurrido el concursado, sus representantes legales, sus administradores o liquidadores de hecho y sus directores generales, así como, en su caso, los cómplices. La calificación culpable del concurso de acreedores despliega efectos en el orden personal y produce también efectos patrimoniales que inciden tanto sobre las personas afectadas por la calificación como sobre los cómplices

Como consecuencia de la paralización de la economía provocada por las medidas adoptadas para contener la pandemia sanitaria, en el Derecho español se han adoptado en diferentes ámbitos normas temporales y excepcionales dirigidas a paliar los efectos derivados de esta situación. Entre esas medidas excepcionales y temporales publicadas como consecuencia del COVID-19, en el ámbito concursal se sitúa, fundamentalmente, el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la administración de justicia.