2015 Arbitraje nº 1

Bajo el llamado caso Yukos, se esconde un contencioso complejo que afecta a la controvertida herencia de lo que era la compañía petrolera más importante de Rusia, actualmente liquidada. Al respecto, se plantean una serie de interrogantes jurídicos. El presente estudio se centra en algunas de las piezas del puzle del asunto. En concreto, abarca dos aspectos principales: la protección de la compañía y la protección de los inversores en el plano internacional. Hay que adelantar que varias instancias internacionales (el TEDH, la CPA y la CCE) han dictado decisiones sobre la jurisdicción aceptando su competencia en el asunto, al menos parcialmente, y se han pronunciado sobre el fondo.

Uno de los mayores retos que el arbitraje internacional ha afrontado en las últimas décadas ha sido la regulación de los denominados arbitrajes multiparte, en los que se enfrentan más de dos partes con intereses contrapuestos. Uno de los grandes obstáculos a este tipo de arbitrajes es el derecho de cada parte a participar, de manera equitativa, en el nombramiento de los miembros del tribunal arbitral, pues ello daría lugar a tribunales con un elevado número de árbitros y a que la posición con más partes tuviese una mayor influencia en la composición de aquéllos. Además de concretar más extensamente estas dificultades, el presente trabajo aborda el análisis de la regulación que las instituciones arbitrales internacionales más relevantes han hecho de esta cuestión en años recientes, diferenciando, a tal fin, según la pluralidad de partes sea inicial o sobrevenida, en virtud de la intervención de terceros en el arbitraje o de la consolidación de procesos pendientes.

La eficacia de los laudos arbitrales dictados en materia de inversión se ve favorecida por diversos convenios internacionales, señaladamente la Convención de Washington de 1965, que establece un régimen autónomo para este tipo de arbitraje y la Convención de Nueva York de 1958. Sin embargo, cuando la parte condenada en el procedimiento arbitral ha sido un Estado soberano y se niega a cumplir voluntariamente lo establecido por los árbitros, el inversor se verá abocado a iniciar un proceso, esta vez judicial, para llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo ante una o varias jurisdicciones y satisfacer así el derecho que previamente le fue reconocido. En estos casos, el Estado renuente al pago puede alegar una importante prerrogativa derivada del Derecho internacional público: su inmunidad de ejecución, y llegar a impedir, al menos procesalmente, la adopción de medidas coercitivas contra determinados bienes que se encuentren fuera de su territorio. El presente artículo aborda esta interacción entre la ejecución efectiva del laudo y la inmunidad de los Estados, analizando tanto el marco jurídico de ambas instituciones, como la costumbre internacional y práctica jurisprudencial de los tribunales sobre la materia.

El Considerando 12 del Reglamento Bruselas I refundido aborda la cuestión relativa al alcance de la exclusión del arbitraje de su ámbito de aplicación material. Un estudio detallado de los cuatro párrafos que lo componen demuestra, no obstante, que las modificaciones introducidas en este ámbito son mínimas. Así, el control incidental del convenio arbitral es una cuestión que debe considerarse incluida en el ámbito de aplicación material del nuevo Reglamento. Por su parte, las anti–sui injunction dictadas en apoyo de un arbitraje siguen estando excluidas del ámbito de aplicación material del nuevo texto. Los argumentos que esgrime el Abogado General en sus Conclusiones al asunto Gazprom no son, en este sentido, convincentes.