La libertad de investigación histórica, la Memoria como discurso histórico y las leyes sobre la historia: una compleja encrucijada

Abstract

En el contexto de sucesos de carácter traumático, la determinación del contenido y forma de la narrativa histórica de aquellos puede acarrear tensiones entre la política de la Memoria y la disciplina de la Historia, la cual investiga y estudia los hechos del pasado para su comprensión. El interés de gobiernos y grupos particulares en recurrir a la ley como instrumento para sustentar y proteger una forma concreta de representación histórica, hace de la memoria una política de la historia que supone una forma de intervención jurídico-política en el ámbito de los estudios históricos. Dicha intervención es notoria en aspectos como la enseñanza de la historia o la sanción penal cuando una narrativa histórica no se ajusta a lo estipulado en la normativa. La intervención legislativa ha sido patente desde la década de los años 1990 cuando, en un número creciente de países de Europa, han venido promulgándose normas con finalidad sancionadora como forma de evitar cualquier cuestionamiento sobre temas históricos, sobre la base de que dicho cuestionamiento supone una amenaza para la paz pública y un desafío al consenso histórico e ideológico existente tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido una creciente judicialización de la historia.

In the context of traumatic events, the determination of the content and form of the historical narrative of those events can lead to tensions between the politics of memory and the discipline of history, which investigates and studies the events of the past in order to understand them. The aspiration that governments or interest groups may have in proposing a law as a means of sustaining and protecting a particular form of historical representation makes memory a politics of history that involves a form of legal-political intervention in the field of historical studies. Such intervention is notorious in aspects such as the teaching of history or the penal sanction when a historical narrative does not comply with the regulations. This phenomenon of legislative intervention has been evident since the 1990s when, in a growing number of European countries, punitive legislation has been enacted as a way of preventing any questioning of historical issues, on the grounds that such questioning is a threat to public peace and a challenge to the historical and ideological consensus that existed after the Second World War. The result has been an increasing judicialization of history.