La Directiva UE 2017/828, de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE impone un nuevo régimen de obligaciones de transparencia de la estructura accionarial a los intermediarios o cadenas de intermediarios de acciones (accionistas formales o titulares fiduciarios). Su objetivo es alcanzar una mayor implicación de los socios finales (accionistas indirectos e inversores) en las sociedades cotizadas. El presente trabajo analiza las novedades de este régimen en materia de identificación y control del accionariado cuando es gestionado a través de cadenas de intermediarios. En concreto, se centra en los condicionantes, dificultades y problemática jurídica que plantea la habitual tenencia intermediada de acciones a través de cuentas globales o cuentas ómnibus, en la medida en que el tratamiento legal actual de estas cuestiones resulta actualmente insuficiente en nuestro ordenamiento. Considerando necesaria una reforma para la adaptación del Derecho español a la Directiva 2017/828, se propone y analiza el alcance de las medidas y cautelas a adoptar por el legislador en esta materia.