2011 vol. IV

Las reformas del arbitraje efectuadas por la Ley 11/2011 y en la Ley Orgánica 5/2011 afectan a aspectos muy diversos de la institución arbitral. Tras la reforma el laudo es firme desde que se dicta y, por tanto, tiene eficacia de cosa juzgada material y frente a él pueden ejercitarse dos acciones de impugnación: la anulación o la revisión. La Ley 11/2011 prevé otras reformas que afectan a la acción de anulación del laudo. La primera, y más relevante, se refiere a la competencia objetiva para conocer de esa acción que corresponderá a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del lugar donde el laudo se hubiere dictado. Otras se centran en la expresa previsión de que el demandado acompañe a su contestación los documentos justificativos de su oposición; el traslado de la contestación y de los documentos que la acompañan al actor para que pueda presentar documentos adicionales o proponer la práctica de nuevas pruebas; y la posibilidad de prescindir de la vista si las partes no lo han solicitado en sus escritos de demanda o contestación o si sólo se han aportado pruebas documentales y no hubieran sido impugnados los documentos o si se hubieran aportado informes periciales que no necesiten ratificación. En esos casos, el tribunal dictará sentencia sin más trámites.

El presente trabajo analiza las recientes reformas operadas fundamentalmente en la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje mediante la Ley 11/2011, de 20 de mayo. Las materias en las que se ha centrado la reforma, y que se analizan a lo largo del presente trabajo, son: funciones judiciales en relación con el arbitraje; arbitraje societario; régimen jurídico de los árbitros; idioma del arbitraje; régimen jurídico del laudo; acción de anulación; revisión del laudo; previsión del arbitraje en relación con los conflictos internos entre la Administración General del Estado y sus Entes instrumentales; medidas cautelares y arbitraje concursal.