2018 vol. XI

La práctica arbitral en el Perú es muy intensa y la Ley de arbitraje peruana, a los diez años de su publicación, ha contribuido a su cada vez mejor práctica. Dentro de las distinciones de esta norma peruana DL. 1071, es que esta ley es monista, es decir un solo tratamiento para el arbitraje doméstico e internacional, contiene normas que separan claramente al arbitraje de la intervención judicial, acotando su actuación a niveles de colaboración. Podemos encontrar que contiene normas que resuelven patologías en las cláusulas arbitrales y trae consigo una normativa que regula el alcance del convenio arbitral a no signatarios, la participación de los árbitros y la designación de estos; la renuncia al recurso de anulación, e incorpora el arbitraje a los pactos societarios y a los testamentos.

La intención del presente trabajo es realizar un estudio de la evolución del concepto de “orden público”, en México, en los últimos años, tomando como punto de referencia, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo comprendido entre el 2012 y 2017. En este trabajo, se podrá apreciar que el concepto de orden público y su violación, contenía estándares muy altos para su actualización, y posteriormente, dicho concepto evolucionó, para establecer estándares más racionales, acordes con una política coherente y democrática.

Indaga en las cuestiones relacionadas con la finaciación por terceros (TPF), especialmente en lo relativo a la seguridad de los costos, los deberes de divulgación e información y la asignación de costos en una situación en la que éstos se adjudican a una parte financiada. Tiene en cuenta el Borrador Final reciente del ICCA–Queen Mary Task Force sobre TPF en el Arbitraje Internacional de 2018. La principal conclusión es que TPF es un trabajo en progreso, pues el sistema aún no ha madurado por la existencia numerosas contradicciones. Siempre será una historia interminable, ya que debe abordarse como un asunto específico que depende de tantas variables que el esfuerzo de crear regulaciones complejas (ya sea incluido en las leyes nacionales o contemplado una soft law internacional) más que ayudar, perjudicará a la evolución del arbitraje en el futuro cercano.