2018 vol. XI

La práctica arbitral en el Perú es muy intensa y la Ley de arbitraje peruana, a los diez años de su publicación, ha contribuido a su cada vez mejor práctica. Dentro de las distinciones de esta norma peruana DL. 1071, es que esta ley es monista, es decir un solo tratamiento para el arbitraje doméstico e internacional, contiene normas que separan claramente al arbitraje de la intervención judicial, acotando su actuación a niveles de colaboración. Podemos encontrar que contiene normas que resuelven patologías en las cláusulas arbitrales y trae consigo una normativa que regula el alcance del convenio arbitral a no signatarios, la participación de los árbitros y la designación de estos; la renuncia al recurso de anulación, e incorpora el arbitraje a los pactos societarios y a los testamentos.

El pasado 6 de noviembre la Corte Suprema de Justicia –el máximo tribunal federal de la Argentina– rechazó el recurso interpuesto por la República Argentina –referida en el fallo como el Estado Nacional–, por considerar que los términos de dicho recurso excedían el objeto de un recurso de nulidad, al pretender ingresar a debatir los méritos de la resolución adoptada por el árbitro único.

Durante más de una década, Ecuador manifestó cierta resistencia al arbitraje internacional, debido al creciente número de casos de arbitraje de inversión planteados en contra del país que pusieron en discusión su responsabilidad internacional. Sin embargo, el nuevo gobierno navega hacia aguas internacionales en búsqueda de inversionistas extranjeros y nacionales que dinamicen la economía del país. Como parte de este esfuerzo, Ecuador ha renovado sus relaciones internacionales con sus principales socios comerciales; ha buscado integrarse en procesos internacionales como la Alianza del Pacífico; y ha reformado varias leyes para facilitar el ingreso de nuevos capitales. La acción más reciente es la promulgación de la Ley para el Fomento Productivo, que establece, entre otras, reglas enfocadas en la atracción de inversiones a través de interesantes beneficios tributarios. Gracias a la Ley para el Fomento Productivo, el arbitraje internacional reaparece en dos frentes. Primero, el arbitraje internacional se constituye como el mecanismo obligatorio para resolver disputas que surjan de contratos de inversión. Segundo, los laudos emitidos en un proceso de arbitraje internacional se ejecutarán en el Ecuador del mismo modo en que se ejecutan los laudos nacionales. Estas reformas favorecen a la estabilidad jurídica del país y fortalecen la relevancia del arbitraje internacional.

La intención del presente trabajo es realizar un estudio de la evolución del concepto de “orden público”, en México, en los últimos años, tomando como punto de referencia, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo comprendido entre el 2012 y 2017. En este trabajo, se podrá apreciar que el concepto de orden público y su violación, contenía estándares muy altos para su actualización, y posteriormente, dicho concepto evolucionó, para establecer estándares más racionales, acordes con una política coherente y democrática.

In the current revision of the Swiss Arbitration Act, the Swiss Government proposes soft changes to the current law. The focus lies on the inclusion of certain means established by the Swiss Federal Supreme Court’s case law (with some clarifications), the strengthening of party autonomy, and the increase of user–friendliness. The most noticeable additions are new provisions on the appointment, replacement, removal, and challenge of arbitrators, on the correction, explanation, completion, and review of arbitral awards. The approach taken by the Government, maintaining the character of the Swiss Arbitration Act as a concise law dealing only with the necessary aspects of arbitral proceedings deserves full support: “If it ain’t broke, don’t fix it”.

La motivación del laudo arbitral constituye un principio general del arbitraje comercial internacional, sujeto a excepciones. De un lado, algunos sistemas jurídicos no requieren la motivación del laudo. De otro, aun cuando es exigida admite diversas excepciones, en particular por la acción de la voluntad de las partes. En todo caso, un análisis de Derecho comparado revela una acusada diversidad en el tratamiento tanto de la regla como de las excepciones y, particularmente, de las vías para plantear la anulación o la denegación del reconocimiento del laudo no motivado. El presente estudio pretende dar cuenta de tal diversidad entre los sistemas nacionales y poner de relieve, al mismo tiempo, la relevancia que el problema de la motivación del laudo tiene para las partes, los árbitros y los abogados en el arbitraje comercial internacional.

El arbitraje se plantea hoy a menudo como una alternativa al recurso a los tribunales estatales en la resolución de controversias mercantiles entre empresas establecidas en España y Portugal. Sin embargo, los derechos civil y mercantil español y portugués siguen siendo diferentes en un número significativo de materias, incluso en algunas en las que la Unión Europea intentó proceder a una armonización de legislaciones de sus Estados Miembros. Se plantea así la cuestión del impacto de dichas diferencias sobre el reconocimiento en Portugal de laudos arbitrales dictados en España, o en los que se haya aplicado la ley española al fondo de la controversia, particularmente bajo el prisma de la reserva de orden público internacional. Esta es la cuestión a que intentaremos dar respuesta en este estudio a la luz de la jurisprudencia más reciente de los tribunales superiores portugueses