Arbitraje

Este artículo ofrece un análisis de las diferentes funciones que el abogado lleva a cabo en un arbitraje internacional. Dicho análisis se refiere a las reglas elaboradas por diversas instituciones arbitrales –como la CCI o la LCIA– y a organizaciones internacionales, como el CIADI o la Uncitral, reglas que son relativamente uniformes en cuanto a la estructura básica de un arbitraje, previendo una fase oral y otra escrita. La regla general es permitir que el abogado pueda libremente adaptar la estructura y forma de presentar el caso, especialmente si se compara con la rigidez y formalismo imperante en el proceso judicial. Si el arbitraje incluye una audiencia, ésta se llevará a cabo libre de formalismos innecesarios, pero la intervención del abogado seguirá requiriendo del dominio de una técnica, específica y propia del arbitraje. El árbitro ofrecerá siempre la oportunidad de acoger las pretensiones de las partes de la forma más rápida y efectiva, sin trámites procesales innecesarios. La elaboración del laudo constituye la esencia del ejercicio de la función arbitral. El árbitro no es ni un mediador ni un conciliador. Su función primordial, eminentemente jurisdiccional, radica en la emisión de un laudo vinculante y con fuerza de cosa juzgada, basado en premisas de argumentación jurídica, solo impugnables en muy excepcionales supuestos.

Una vez que el Derecho aplicable es elegido, a fin de regir el contrato entre la entidad soberana y el inversor o simplemente a fin de regir toda su relación económica, el inversor suele sentir la necesidad de proteger tal elección, asegurándose de que la entidad soberana no la modifica introduciendo nuevas condiciones en su relación o nueva normativa. Es habitual que los inversores traten de alcanzar estos objetivos introduciendo cláusulas de estabilización en los contratos de inversión. La clasificación, validez y efectos de tales cláusulas está sujeta a cierta controversia porque, entre otras cuestiones, puede afectar a la soberanía legislativa de los estados.

De acuerdo con la legislación boliviana, el arbitraje de inversiones debe tener por sede Bolivia. Esta es una regulación sui generis de esta materia. El punto de este artículo es demostrar que tal obligación no tiene su fuente en la ley de arbitraje, sino en la Constitución de Bolivia.

La eficacia de los laudos arbitrales dictados en materia de inversión se ve favorecida por diversos convenios internacionales, señaladamente la Convención de Washington de 1965, que establece un régimen autónomo para este tipo de arbitraje y la Convención de Nueva York de 1958. Sin embargo, cuando la parte condenada en el procedimiento arbitral ha sido un Estado soberano y se niega a cumplir voluntariamente lo establecido por los árbitros, el inversor se verá abocado a iniciar un proceso, esta vez judicial, para llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo ante una o varias jurisdicciones y satisfacer así el derecho que previamente le fue reconocido. En estos casos, el Estado renuente al pago puede alegar una importante prerrogativa derivada del Derecho internacional público: su inmunidad de ejecución, y llegar a impedir, al menos procesalmente, la adopción de medidas coercitivas contra determinados bienes que se encuentren fuera de su territorio. El presente artículo aborda esta interacción entre la ejecución efectiva del laudo y la inmunidad de los Estados, analizando tanto el marco jurídico de ambas instituciones, como la costumbre internacional y práctica jurisprudencial de los tribunales sobre la materia.

This paper is purported to offer a comparative approach to the procedural mechanisms by which the enforcement provisions of the ICSID Convention have been implemented under the legal systems of the United States and Germany. The comparative analysis will take into account the procedural provisions by the enforcement of ICSID awards is governed in both countries, as well as relevant case law and legal scholarship.