Arbitraje

La incorporación de los medios anternativos de resolución de conflictos en la UE, dentro del sistema de administración de justicia, terminará por concretizar que, en el espacio de la Unión, la noción de “acceso a la justicia” ha sido expandida para garantizar, en igualdad de circunstancias, el ejercicio del derecho de acceso a la “justicia jurisdiccional” mediante la utilización del proceso y, también, el ejercicio del derecho de acceso a la “justicia no jurisdiccional” a través de medios alternativos de resolución de conflictos. El presente estudio adopta como punto de partida la “constitucionalización” de los medios alternativos de resolución de conflictos (ADR) en la Unión Europea y, finalmente, determinar cuáles los posibles efectos consecuenciales de esta nueva política adoptada por la UE. En la primera parte, se hace una exposición resumida de lo que significa la noción de medios alternativos de resolución de conflictos y su posterior recibimiento dentro la UE. En la segunda parte, se examina el fenómeno de la constitucionalización de los medios alternativos de resolución de conflictos y se discurre acerca de los potenciales efectos que trae consigo la existencia de una norma en la cual se garantiza su incorporación como parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

El carácter global del comercio de consumo en línea ha hecho aparecer nuevas estrategias para la garantía de los derechos de los consumidores, como la consistente en permitir la propia resolución en línea de los litigios. El nuevo Derecho europeo, contenido en la Directiva 2013/11/UE y el Reglamento 524/2013/UE, ha supuesto la acogida a nivel regional de esta tendencia. Este estudio analiza el impacto de los nuevos textos europeos sobre el sistema de Derecho internacional privado. Por una parte, revela la necesidad de hacer ajustes en el referido sistema a fin de conseguir, entre otros objetivos, un ámbito de aplicación espacial para el principio de libertad acorde con la intención perseguida por el legislador europeo, de superar la interpretación que descarta la remisión a un arbitraje de consumo extranjero o de integrar las lagunas de regulación que ha hecho aflorar el nuevo sistema. Por otra, pone el foco en la necesidad de comprobar si el régimen actual resulta en conformidad con las exigencias que provienen de los derechos proclamados por el art. 47 CEDF y el art. 19 TUE. En esta perspectiva se proponen soluciones de lege ferenda asociadas a las necesidades especiales de la gestión en línea de reclamaciones transfronterizas a través de la plataforma europea..