Arbitraje

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, de 20 diciembre 2017 resuelve que la Autoridad Portuaria de Vigo no puede someterse a arbitraje frente a una sociedad que estaba que realizaba trabajos propios de una planta de conglomerado asfáltico en terrenos públicos. En particular, niega que el arbitraje pueda cobrar virtualidad cuando estén en juego bienes demaniales, por mucho que existiera un convenio previo en el que la Administración Pública se sometió a un arbitraje de derecho. De pasada, la Sentencia indica las dificultades para que la Administración Pública se someta a arbitraje.

En el presente estudio, vamos a examinar la Sentencia 1/2018, de 11 enero 2018 dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional. Se produce como consecuencia de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con la posible inconstitucionalidad del art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro. Aunque la Sentencia sigue el camino habitual sobre la naturaleza del arbitraje, calificándola de “equivalente jurisdiccional” nos parece del mayor interés la calificación realizada por los tres Votos particulares, alguno de los cuales, dando un paso más, indica que realmente se trata de fundar el arbitraje sobre el art. 10 de la Constitución, esto es, de forma directa sobre la dignidad de la persona. Lo cual abre nuevas posibilidades para el fundamento último de la institución arbitral.