Facultad de Derecho, Empresa y Políticas

La financiación participativa se ha convertido en una forma consolidada de financiación alternativa para las empresas emergentes y las pequeñas y medianas empresas (pymes). El Reglamento (UE) 2020/1503, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresa, ha propiciado que el legislador español inicie una reforma del modelo español de mayor calado, si cabe, que la operada por el legislador comunitario, creando importantes expectativas en el sector. El objeto de este trabajo se centra, por tanto, en ofrecer una primera aproximación del alcance de las novedades planteadas por el Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, publicado de 17 de diciembre de 2021 sobre el modelo vigente español de financiación participativa o crowdfunding. Este primer análisis permitirá en principio detectar las deficiencias regulatorias del modelo español y proponer, en su caso, una mayor y mejor adecuación y adaptación del modelo español al comunitario.

Pese a que la mayoría de los derechos que contiene el CEDH sean de carácter civil y político, con el tiempo el TEDH ha conseguido desarrollar una jurisprudencia social basada en técnicas como la de las prolongaciones sociales de los derechos civiles y políticos, las obligaciones positivas de los Estados o las consecuencias de la aplicación del principio de igualdad. En dicha jurisprudencia el TEDH ha tenido en ocasiones la oportunidad de invocar la normativa aprobada por la OIT o servirse del trabajo de sus órganos. El objeto de este artículo es identificar, clasificar y analizar de modo crítico la jurisprudencia en la que el TEDH se ha valido del Derecho y la práctica de la OIT.

En este trabajo se analizan en perspectiva histórica los principales avances y uno de los principales retrocesos en la protección de los derechos humanos en la UE. El principal avance documentado es la propia creación de un sistema de protección de los derechos humanos partiendo de la nada. Como muestra de retroceso debido a la policrisis que sufrimos (financiera, económica, bélica, alimenticia…) se analiza el caso del Pacto de Migración y Asilo que se consensuó en 2020 y que está llamado a sustituir al sistema de Dublín. Este nuevo Pacto está formado por una serie de instrumentos jurídicos conexos que están tardando mucho tiempo en ser aprobados y que, además, ponen más el acento en la seguridad de las fronteras que en los derechos humanos de la persona extranjera que intenta acceder a territorio de la UE.