2. Universidad Cardenal Herrera-CEU

Tomando como referencia el caso Djokovic, el texto cuestiona la legitimidad de la vacunación contra la COVID-19 como medida de control de fronteras. Las circunstancias que justificarían la obligatoriedad de una vacuna solo se dan parcialmente aquí, de ahí que deba primar el derecho humano a no recibir un tratamiento médico involuntario. Mientras se prolongue la pandemia es razonable que los Gobiernos pidan certificados para acceder a ciertos lugares o servicios, o que nieguen temporalmente la entrada en sus países a quienes no acrediten estar inmunizados. No lo es, en cambio, que se remitan solo a la vacunación. El caso Djokovic resulta un abuso en ese sentido, e ilustra el enaltecimiento de la seguridad frente a la libertad que parece imponerse desde hace un tiempo en nuestras sociedades.

El presente estudio explora la regulación que la Espionage Act estadounidense de 1917 realiza del derecho humano a la libertad de expresión, de la mano de un texto de Zechariah Chafee que abordó la aplicación inicial de esa ley. A juicio de Chafee, la consagración de la libertad de expresión en la Primera Enmienda de la Constitución americana no impide que los poderes ejecutivo y legislativo puedan establecer legítimamente ciertas medidas en tiempo de guerra conducentes a limitarla. Con todo, tanto la redacción como la interpretación de esas medidas deben alejarse del empleo de las doctrinas de la causación indirecta y de la intención implícita, que nunca son adecuadas para determinar si una afirmación debe ser amparada (algo que no tuvo en cuenta la reforma de la Espionage Act de 1918, ni la mayor parte de la jurisprudencia del momento). Para Chafee, la libertad de expresión debe quedar desprovista de censura y de posterior sanción salvo que dé claramente lugar a una interferencia directa y peligrosa en relación al curso de la guerra.