Tomando como referencia el caso Djokovic, el texto cuestiona la legitimidad de la vacunación contra la COVID-19 como medida de control de fronteras. Las circunstancias que justificarían la obligatoriedad de una vacuna solo se dan parcialmente aquí, de ahí que deba primar el derecho humano a no recibir un tratamiento médico involuntario. Mientras se prolongue la pandemia es razonable que los Gobiernos pidan certificados para acceder a ciertos lugares o servicios, o que nieguen temporalmente la entrada en sus países a quienes no acrediten estar inmunizados. No lo es, en cambio, que se remitan solo a la vacunación. El caso Djokovic resulta un abuso en ese sentido, e ilustra el enaltecimiento de la seguridad frente a la libertad que parece imponerse desde hace un tiempo en nuestras sociedades.