Tomando como referencia el caso Djokovic, el texto cuestiona la legitimidad de
la vacunación contra la COVID-19 como medida de control de fronteras. Las circunstancias
que justificarían la obligatoriedad de una vacuna solo se dan parcialmente aquí, de ahí que
deba primar el derecho humano a no recibir un tratamiento médico involuntario. Mientras
se prolongue la pandemia es razonable que los Gobiernos pidan certificados para acceder a
ciertos lugares o servicios, o que nieguen temporalmente la entrada en sus países a quienes
no acrediten estar inmunizados. No lo es, en cambio, que se remitan solo a la vacunación. El
caso Djokovic resulta un abuso en ese sentido, e ilustra el enaltecimiento de la seguridad frente
a la libertad que parece imponerse desde hace un tiempo en nuestras sociedades.
