Departament de Dret i Ciències Polítiques

Los populismos y las derivas iliberales de algunos gobiernos ponen en riesgo el funcionamiento constitucionalmente adecuado de las instituciones y organismos encargados de controlar a la mayoría. Ello acaba por debilitar la democracia, entendida como democracia representativa y constitucional, así como la idea de Constitución como límite al poder. En los últimos años asistimos a una erosión gradual de principios e instituciones del Estado constitucional y democrático de Derecho que afecta a los checks and balances entre poderes y también al pluralismo político. Las corrientes populistas e iliberales abogan por dar primacía a los poderes con legitimidad popular, sobre los órganos de control político y judicial, los cuales son considerados como obstaculizadores de la voluntad popular. Pero en realidad instrumentalizan igualmente las instituciones parlamentarias y colonizan los órganos de control, socavando su independencia. Los autores de esta obra reflexionan acerca de estas amenazas. Analizan los déficits del diseño normativo y del funcionamiento de los contrapoderes e instrumentos contramayoritarios. También pasan revista a la eficacia de los límites provenientes de las instituciones europeas e internacionales, así como de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos. El libro plantea propuestas de mejora de la composición y funcionamiento de los contrapoderes y de las relaciones entre instituciones y de estas con la ciudadanía. Todo ello con la pretensión de hacer frente a esas tendencias populistas e iliberales antes de que deriven en regímenes autoritarios.

En este capítulo, se analiza el rol de los Tribunales Constitucionales dentro del Estado Constitucional de Derecho; en particular, su funcionalidad política. Partiendo del reconocimiento de su valioso rol y de su innegable función política como guardianes de la Constitución, analiza las distintas fundamentaciones y formas de entender dicho rol político; concluye que éste proviene de la Constitución misma como documento de consenso que expresa la decisión política fundamental de la comunidad. Asimismo, expone que estos Altos Tribunales desempeñan una función pedagógica y de educación política constitucional. Se explora cómo su dimensión política influye en el desarrollo de la teoría jurídica de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales, así como, en la emisión de directrices legislativas. Termina estableciendo unas consideraciones de cara evitar que se socave su importante función y se mantenga la legitimidad del control constitucional, de ese modo, se evite que discursos iliberales o populistas erosionen su autoridad.

This open access book provides an analysis of the functioning, consequences and inherent limitations of internalised immigration control. By adopting the perspective of irregular residents as well as local service providers, the book sheds new light on the intricate mechanisms that either help or hinder the diffusion of immigration control into concrete institutional settings, like schools or hospitals. A simple and innovative analytical framework enables thesystematic comparison of three different spheres of service provision across two distinct local as well as also national contexts. This is necessary to understand the complex interplay between formal law and policy, the intrinsic rules and logics operating within institutions, and the ethical or practical obligations and constraints attached to particular roles and professions. Based on empirical findings and rigorous analysis, the book argues that internalised control is part of the problem that irregular migration poses for society, rather than constituting a potential solution to it.

This article introduces the theme and scope of this Special Themed Section on the role of ‘voluntariness’ in the governance of migration. It provides an overarching framework for defining and operationalising the notion of voluntariness in the field of migration studies; and for investigating how voluntariness works across different sites, situations and in distinct national contexts. We understand voluntariness as a general principle and instrument that (re)produces the active participation of different actors across society in the (state-driven) management of migration. This focus leads us to explore key dimensions in the shifting (neoliberal) governmentality of migration in contemporary societies. The introduction makes the case for bringing together seemingly disparate examples and case studies in order to shed new light on how certain ascribed meanings and understandings of voluntariness can shape the actions of very different subjects involved in contemporary bordering processes.

This article looks at the implementation of so-called “assisted voluntary return” policies in Austria and Britain, where state agencies have recently replaced nongovernmental organizations as providers of return counseling. To better understand how such a shift affects the in/voluntariness of return, I identify three dimensions along which the “quality” of voluntariness can be assessed and relate them to concrete aspects of return counseling practice: absence of coercion; availability of acceptable alternatives; and access to adequate and trusted information. Based on original qualitative data, I show that even within an overall restrictive and oppressive regime, return counselors can make room for voluntariness by upholding ethical and procedural standards—if they retain substantial independence from the government.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Se analizan tanto las razones que justifican la sujeción de cada una de estas entidades a la transparencia como el alcance del derecho de acceso a la información que tienen en su poder, a la luz de la copiosa doctrina jurisprudencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de sus homólogos autonómicos emanada desde la aprobación de la LTE.

La economía colaborativa ha originado un cambio relevante en el mercado de ciertos bienes y servicios, especialmente los turísticos, propiciando conflictos de intereses entre los sujetos intervinientes (empresarios, consumidores, plataformas intermediarias) y afectando a diversos intereses públicos, cuestionándose así la idoneidad de la normativa vigente. La regulación de este novedoso mercado de prestación de servicios turísticos y otros servicios colindantes o instrumentales plantea aún ciertos desafíos y retos, dada la heterogeneidad de derechos e intereses afectados (los derechos de los usuarios y consumidores, la libre concurrencia y la competencia desleal, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la ordenación territorial, la convivencia social, el mismo modelo de ciudad sostenible…). Esta obra multidisciplinar ofrece el status quo actual de nuestro complejo ordenamiento jurídico territorial y sectorial, prestando una especial atención a la intervención de los poderes públicos administrativos en defensa de los intereses generales.

Recientemente, en Portugal, el Supremo Tribunal Administrativo ha desestimado el acceso a una información que el Parlamento portugués tenía en su poder como consecuencia de la actividad fiscalizadora ejercida por una Comisión parlamentaria de investigación. La fundamentación de esta decisión judicial se basa en que la información de la que ha dispuesto la Comisión de investigación no tiene el carácter de documento administrativo a los efectos de la ley portuguesa de acceso a la información, debido a la naturaleza política de las funciones que ejercen estos órganos parlamentarios. A raíz de esta sentencia, nos planteamos cuál sería la solución que se adoptaría si se plantease este caso en nuestro Derecho, es decir, si es posible acceder a la información que han manejado las Comisiones de investigación del Congreso de los Diputados o del Senado. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) somete a sus disposiciones al Congreso y al Senado, pero con algunas particularidades. Entre ellas, cabe destacar que la LTE se aplica a las Cámaras parlamentarias únicamente con relación a aquellas actividades que realizan con sujeción al Derecho administrativo. Sin embargo, la LTE obliga a que el Congreso y el Senado regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de esta ley, lo que da lugar a la existencia de distintas regulaciones del derecho de acceso a la información en cada Cámara parlamentaria. Esta diversidad normativa afecta al acceso a la información de la que han dispuesto las Comisiones de investigación del Congreso y del Senado.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. En este trabajo se estudia la sujeción a la LTE de los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Sobre estos sujetos privados recae una obligación especial de colaboración que se materializa en suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculados, toda aquella información conectada con la actividad pública que desarrollan.