Departament de Dret i Ciències Polítiques

As one of the predominant means of legal entry into the European Union (EU), family reunification has moved to the centre of public and political debates on immigration. Many Member States’ governments have put in place a net of highly selective policies in order to limit the number of foreigners entering as family migrants. This paper contrasts the underlying normative claim of a fundamental and universal right to family life against the existing evidence of unequal conditions and effects of family reunification policies for different groups and categories of third-country national migrants. Questioning the legitimacy of these differential policies, I build on Habermas’ distinction between pragmatic, ethical and moral modes of justification to develop a framework that helps to distinguish the various logics and arguments underlying this increasingly complex system of differentiated rights. I argue that within European family reunification policy-making the three types of justification, while often used in combination, tend to serve different functions and to inflict distinctive shortcomings in terms of the legitimacy of the selection mechanisms they underpin.

La economía colaborativa ha originado un cambio relevante en el mercado de ciertos bienes y servicios, especialmente los turísticos, propiciando conflictos de intereses entre los sujetos intervinientes (empresarios, consumidores, plataformas intermediarias) y afectando a diversos intereses públicos, cuestionándose así la idoneidad de la normativa vigente. La regulación de este novedoso mercado de prestación de servicios turísticos y otros servicios colindantes o instrumentales plantea aún ciertos desafíos y retos, dada la heterogeneidad de derechos e intereses afectados (los derechos de los usuarios y consumidores, la libre concurrencia y la competencia desleal, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la ordenación territorial, la convivencia social, el mismo modelo de ciudad sostenible…). Esta obra multidisciplinar ofrece el status quo actual de nuestro complejo ordenamiento jurídico territorial y sectorial, prestando una especial atención a la intervención de los poderes públicos administrativos en defensa de los intereses generales.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. En este trabajo se estudia la sujeción a la LTE de los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Sobre estos sujetos privados recae una obligación especial de colaboración que se materializa en suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculados, toda aquella información conectada con la actividad pública que desarrollan.