La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la
Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza
privada que tienen una especial conexión con la Administración. En este trabajo se estudia la
sujeción a la LTE de los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen
potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Sobre estos sujetos privados
recae una obligación especial de colaboración que se materializa en suministrar a la Administración,
organismo o entidad a la que se encuentren vinculados, toda aquella información conectada con la
actividad pública que desarrollan.
