Departament de Dret i Ciències Polítiques

La economía colaborativa ha originado un cambio relevante en el mercado de ciertos bienes y servicios, especialmente los turísticos, propiciando conflictos de intereses entre los sujetos intervinientes (empresarios, consumidores, plataformas intermediarias) y afectando a diversos intereses públicos, cuestionándose así la idoneidad de la normativa vigente. La regulación de este novedoso mercado de prestación de servicios turísticos y otros servicios colindantes o instrumentales plantea aún ciertos desafíos y retos, dada la heterogeneidad de derechos e intereses afectados (los derechos de los usuarios y consumidores, la libre concurrencia y la competencia desleal, la libertad de empresa, la unidad de mercado, la ordenación territorial, la convivencia social, el mismo modelo de ciudad sostenible…). Esta obra multidisciplinar ofrece el status quo actual de nuestro complejo ordenamiento jurídico territorial y sectorial, prestando una especial atención a la intervención de los poderes públicos administrativos en defensa de los intereses generales.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. En este trabajo se estudia la sujeción a la LTE de los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Sobre estos sujetos privados recae una obligación especial de colaboración que se materializa en suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculados, toda aquella información conectada con la actividad pública que desarrollan.