A través del presente artículo los
autores analizarán los hechos ocurridos en
Perú (de carácter público) que fueron materia de análisis en el requerimiento de prisión
preventiva que llevó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Especializada en Delitos de Corrupción y que dio como
resultado la privación provisional de libertad
del árbitro internacional Fernando Cantuarias
Salaverry. Los autores concluyen que la fijación y recepción de honorarios arbitrales y las
reuniones con las partes no constituyen, a la luz de la práctica arbitral, irregularidades,
demostrándose así la falta de conocimiento y
entendimiento del arbitraje, por parte del sistema de justicia ordinaria.