Dpto. Ciencias Políticas, Ética y Sociología

Los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 tuvo lugar la cuarta moción de censura de la historia de nuestra democracia. En esta, al igual que sucedió durante la celebrada en junio de 2017, las redes sociales van a adquirir un protagonismo en la difusión y transmisión de la información, la opinión y el análisis por parte de los principales actores involucrados, así como del conjunto de la sociedad española. Esto es así por cuanto las redes sociales son ya un instrumento consolidado en el desarrollo de la comunicación y el debate político, ya que favorecen la participación ciudadana, la comunicación instantánea y la interacción del político con los usuarios. Es por ello que la presente investigación tiene por objeto examinar los mensajes publicados en twitter tanto por los líderes de los Partidos Políticos de ámbito nacional con representación parlamentaria, como por los propios partidos. Con ello se pretende identificar, en términos cuantitativos, el impacto de los mensajes y las tendencias en la actividad de la red social durante los días del debate y, en términos cualitativos, el contenido de los mismos en base a una serie de variables preestablecidas.

La Ciencia Política ha madurado, como disciplina, y se ha profesionalizado en los últimos años. de tal forma que sus profesionales cuentan, en la actualidad, con un perfil lo suficientemente definido y valorado como para afianzarse a ocupar una amplia diversidad de puestos en el ámbito público y privado. es por ello que, en las instituciones públicas de la comunidad Valenciana los politólogos adquieren, cada vez, un papel más relevante. esto se debe, entre otros, a su capacidad de unir la teoría de su disciplina, con la aplicabilidad práctica de la misma en la actuación diaria de la administración pública, a que favorecen el acercamiento de las instituciones a los ciudadanos; y contribuyen a mejorar el funcionamiento de la sociedad y la vida de sus ciudadanos.

This article examines two major institutions widely touted in the United States as servants to communities and the general public: the government and the news media. The Flint water crisis is a textbook case in which these two institutions failed to live up to their responsibilities of accountability and transparency. The authors examine the major events during the water crisis, looking at it through the lens of government actions and how the press covered them, conducting qualitative context analysis during the irst ive months of the crisis. The analysis includes the actions of federal, state, and local agencies and the reporting of national, state, and local newspapers. Their indings show that the institutions completely imploded, with an impact on thousands of residents, many of whom happened to be minorities.

Nuestro trabajo pretende analizar cómo se da cumplimiento a la exigencia de los principios de transparencia y publicidad en el parlamento, órgano que, por representar directamente al pueblo, consideramos que debe satisfacer con mayor rigor, si cabe, los requisitos apuntados. Así, a lo largo del mismo, se reflexiona brevemente sobre la idea de la publicidad para, posteriormente, adentrarse, de modo más concreto, en cómo se cumple con dicho principio en la actividad parlamentaria, analizando de modo particular las previsiones normativas que a tal fin se recogen en el Reglamento de Les Corts, sin olvidar por ello referencias a las Cortes Generales y, en menor medida, al resto de parlamentos autonómicos. Sin pretender anticipar las conclusiones, podemos afirmar que, como no podía ser menos en cualquier estado de derecho que se precie de serlo, la publicidad es la norma inspiradora de la actividad parlamentaria en España y en las comunidades autónomas, lo que no impide que existan ciertas dosis de secreto, que en unos casos viene directamente establecido por vía reglamentaria (o incluso legislativa), mientras en otros depende de la voluntad de los propios parlamentarios.

En este artículo se presentan los resultados obtenidos tras realizar un análisis comparado del tratamiento periodístico de los desastres naturales en El País y El Mundo durante los años 2009 y 2010, así como indicadores de interés social en Internet. Los objetivos del trabajo, de carácter exploratorlo, son descubrir si los valores-noticia clásicos modelan hoy la agenda informativa de los diarios, la agenda global y ciudadana y si el cuaderno de quejas en este campo de especialización tiene vigencia en la era de Internet.

Las redes sociales son un instrumento consolidado en el desarrollo de las campañas pues favorecen la participación ciudadana, la comunicación instantánea y la interacción del político con el usuario-ciudadano. El presente estudio tiene como objeto el análisis de las campañas 2.0 celebradas en Coalició Compromís y Ciudadanos para elegir, por medio de unas primarias que tuvieron lugar entre diciembre de 2014 y febrero de 2015, a sus respectivos candidatos como representantes de la ciudadanía valenciana en Les Corts. Así, se examina la gestión de Twitter y Facebook de los candidatos y de los partidos, sus web y la respuesta ciudadana.

La lucha contra el cambio climático (CC) en España es una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA). De esta forma, ambos entes competentes deben colaborar a fin de articular un sistema de acción común coherente en aras a la consecución de un fin con importantes implicaciones sociales, económicas, políticas y ambientales. Es por ello que las relaciones intergubernamentales, ya sean formales o informales, serán un instrumento esencial para evitar duplicidades, solapamientos e incoherencias internas que conlleven la no optimización de los escasos recursos disponibles con los que cuentan tanto el poder central como las regiones. Este trabajo muestra de forma breve el reparto de competencias establecido en el bloque de constitucionalidad y cómo la concepción de la materia como compartida hace necesarias las relaciones intergubernamentales para, posteriormente, describir a grandes rasgos las características de estas en materia de lucha contra el cambio climático y el funcionamiento de los foros formales de relación con los que el Estado y las CCAA cuentan en materia de cambio climático.