El arbitraje en Derecho público ha evolucionado en España desde su completa prohibición
en 1852. Los APPRIs han supuesto una palanca en la evolución del arbitraje en el que
los Estados forman parte. El orden público internacional es la única norma imperativa
que debe tenerse en cuenta para poder anular un laudo. Los tribunales locales prohíjan en
ocasiones la acción de anulación para evitar un perjuicio a su país. La palabra del Estado
cuando decide someterse a arbitraje, debe ser sagrada.