Browsing by Author "Universidad San Pablo-CEU. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho Público"

The progressive ageing of developed societies requires strategies and tools to ensure the well‐being of older adults. The new communication paradigm offers ways to reduce the stigma associated with ageing and to improve the quality of life for older adults, but it can also create a dynamic that could put their inclusion at risk. The internet has fomented digital gaps that have exacerbated some of the exclusionary barriers faced by many older adults, while allowing a considerable number of others to maintain emotional ties with loved ones during the worst moments of the pandemic. This thematic issue addresses the different opportunities offered by Information and Communication Technology in improving the social inclusion and quality of life of seniors, but it also considers the risks that digitisation may pose by limiting certain rights of this group. Through the different articles in this issue, the repercussions of communication on the management of ageing are highlighted from different perspectives and methodological approaches. In this way, the complexity of the issue has been revealed, along with the need to address it from positive and constructive perspectives that reassess the role of older adults in the societies in which they live.

Se lleva a cabo un estudio sobre el derecho emanado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda partiendo de sus antecedentes históricos, para adentrarnos en el conflicto bélico, de los años noventa, durante el cual tuvo lugar un genocidio. Sentadas las bases de cuáles fueron los actores en el conflicto y su participación política y jurídica, analizamos las resoluciones de las Naciones Unidas que culminan con la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. A continuación, examino detalladamente el Estatuto del citado Tribunal abordando, entre otros, su competencia, organización y procedimiento. A partir del mismo, realizo un estudio del tipo del genocidio. Para ello parto del acervo de derecho positivo y jurisprudencia existente hasta el momento, y lo completo con el estudio de dos de las más importantes sentencias emanadas del Tribunal. Un resumen de nuestro estudio conlleva contemplar desde diferentes ámbitos una misma realidad: Ruanda desde el punto de vista antropológico, geográfico y administrativo.

Este trabajo analiza los desafíos y oportunidades del comercio electrónico para los mayores de 60 años y profundiza en las motivaciones y frenos que determinan su uso, así como en la visión de los expertos del sector sobre este público para que este segmento poblacional entre plenamente a formar parte de una sociedad digitalizada. Se estima que en 30 años la población de más de 60 años pasará de 12% a 22% (Organización Mundial de la Salud, 2018). Europa y América del Norte son las zonas más envejecidas del mundo: se calcula que, en 2050, una de cada cuatro personas podría tener 65 años o más (United Nations, 2019). En España, las proyecciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales apuntan a que "en el año 2065 las personas de más de 80 años representarán un 18,1% sobre el total de población" (Vidal-Domínguez et al., 2017, p. 37). El estudio utiliza una triangulación metodológica apoyada en dos técnicas cualitativas, los grupos de discusión y el método Delphi. Se han realizado cuatro focus group formados por mayores de 60 años de ambos sexos que utilizan Internet, con diverso nivel educativo y socioeconómico, residentes en zonas urbanas de tamaño variable. El Delphi se constituyó por expertos del sector privado pertenecientes al ámbito del comercio electrónico. La principal conclusión es la ausencia de estrategias y de acciones específicas en las webs comerciales hacia este grupo poblacional cada vez más numeroso y con interés en incrementar sus habilidades digitales.

La tesis doctoral tiene como objeto de estudio la delimitación típica de los delitos de agresión y abuso sexual, siguiendo la nomenclatura dada por el Código Penal de 1995 a los denominados como delitos contra la libertad e indemnidad sexual, por ser éstos, precisamente, los bienes jurídicos protegidos. El mismo, tiene unos antecedentes claros, que han ido variando desde la inclusión de las primeras manifestaciones en el Código Penal de 1822, hasta la actualidad, con el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Por ello, se ha comparado la antigua redacción de los mismos con las exigencias actuales y con la idoneidad de una modificación en la materia. Todo ello a la luz de la interpretación jurisprudencial, las diferentes posturas doctrinales, la historia legislativa española y el derecho comparado continental. Concluyendo que la actual configuración típica de los delitos de agresión y abuso sexual protege, de forma efectiva, la libertad e indemnidad sexual. Por todo ello, la reforma planteada por el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual no sólo no resulta necesaria, sino que es meramente conceptual.

La noción de gobierno abierto se desarrolla e institucionaliza en la segunda década del siglo XXI con la convergencia de dos factores : la crisis económica y financiera de 2008 y la universalización de las TICS. Los principios de transparencia, participación y colaboración erigen al individuo en centro del entramado político y gubernamental; incrementan la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejoran la rendición de cuentas. Por ello con el referente de la Carta de Datos Abiertos del G-8 de Lough Erne (2013), la Alianza para el Gobierno Abierto elaboró una Carta Internacional de Datos Abiertos dirigida a hacer que los datos gubernamentales fueran: "abiertos por defecto"; "oportunos y exhaustivos"; accesibles y utilizables"; "comparables e interoperables"; promotores de "la gobernanza y de la participación ciudadana", e impulsores del "desarrollo incluyente y la innovación". La investigación trata cuatro cuestiones : las raíces histórico-conceptuales del gobierno abierto; las posiblidades a las que este da lugar como filosofía gubernamental; el impacto de las TICs en la rendición de cuentas; y el grado de implemntación de los principios de la Carta Internacional de datos Abiertos en Estados Unidos y la Unión Europea entre 2013 y 2016, aportación original de esta tesis.

Proponemos para la integración de la cámara de diputados, que desaparezca el modelo de elección mediante el principio de mayoría relativa, pues como ya ha quedado sentado, este modelo generalmente va a producir una sobrerrepresentación; condición que es contraria a la auténtica equidad representativa, pues el voto ciudadano, no se ve reflejado fielmente en la integración de los órganos institucionales. De esta manera se propone que el ámbito federal, la cámara baja se continúe integrando con 500, diputados, asignándole a cada entidad federativa un número de diputados lo más equitativo posible, de acuerdo con el porcentaje de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la entidad, respecto del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. Actualmente en nuestro país, el número de diputados que integran la cámara es de 500, de los cuales se eligen 300 por el principio de mayoría relativa, votados en 300 distritos uninominales y 200 por el principio de representación proporcional, votados en cinco circunscripciones regionales plurinominal, mediante lista de 40 candidatos que postula cada partido, y que la asignación de los mismos corresponde al orden de la lista registrada. Cada entidad federativa y el distrito federal, se convierta en una circunscripción específicamente para efectos de la integración de la representación que habrá de integrar la Cámara de Diputados, de manera que actualmente en México, al existir 31 entidades federativas, más el distrito federal, con el cual suman 32 entidades, se instituyan en 32 circunscripciones electorales.

La publicidad procesal posee una doble función en la Constitución española: como garantía para el justiciable (art. 24 CE) y como principio de actuación del Poder Judicial (art. 120 CE). Esta publicidad procesal es desarrollada de forma mediata en las sociedades contemporáneas por los medios de comunicación a través del ejercicio del derecho a la información. Sin embargo, la frecuente instauración del secreto de sumario y otras limitaciones procesales introduce un elemento de conflictividad en las relaciones entre Poder Judicial y medios de comunicación. La declaración sin modulaciones del secreto sumarial implica su reiterado incumplimiento, requiriéndose una nueva normativa que permita matizar dicho secreto en función de diversas circunstancias y reconduzca la relación en el Poder Judicial y los medios de comunicación desde el reconocimiento de la importante y simbiótica labor desarrollada por ambos en los sistemas democráticos.

La democracia y su concreción constitucional, el Estado democrático, requieren de mecanismos de reafirmación ante la crisis de legitimidad que sufre este modelo de organización política. Este trabajo plantea nuevas aproximaciones a la transparencia como sustento de la democracia representativa, combinando la ecuación de la corrupción de Klitgaard con los componentes de legitimidad de Beetham. Se revindica la trascendencia del derecho a la información para permitir una participación ilustrada como fundamento de la exigencia de una mayor transparencia y rendición de cuentas. Completa el trabajo una aproximación propositiva a instituciones de democracia indirecta en la línea explicitada por Rosanvallon, que pueden incrementar la transparencia y la rendición de cuentas y que permiten una mayor implicación de la ciudadanía en todos los ámbitos de la res publica.

The energy taxation directive 2003/96/EC (ETD) is currently under discussion, twenty years after its adoption and after several failed reform attempts. This directive does not reflect the current European climate and energy policy framework and is not adequate to address the challenges of climate change and the green transition. Moreover, it not only fails to protect the environment but also endangers the proper functioning of the internal market. Through a legal analysis, this contribution aims to examine the origin and evolution of the ETD until the latest Commission proposal, which is currently under negotiation, in order to investigate the weaknesses of this directive, the novelties of the recent proposal, and what risks European environmental and fiscal objectives would run if the negotiations are not successful.