176 | nº 31, pp. 167-185 | doxa.comunicación

julio-diciembre de 2020

Legislación sobre Comunicación Social en el espacio subnacional. El caso de México

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

namientos, leyes, reglamentos, decretos y políticas públicas. Constituyen la comunicación gubernamental formal que vincula las decisiones estatales con los ciudadanos. Solamente se reconoció este tipo de ley en 21 de las 32 entidades. Es posible que, en las restantes, ordenamientos de este tipo aparezcan a nivel de reglamento y no como legislación princi-pal2. Esta jerarquía legislativa otorgada a los instrumentos es parte de las decisiones particulares que corresponden a las entidades subnacionales, y bajo las cuales se va configurando la institucionalidad que las integra.

Un cuarto grupo significativo es el de las leyes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Es signifi-cativo por la cantidad, al contar con doce instrumentos estatales, pero también por la problemática que atiende: México es el país más peligroso para ejercer el periodismo debido al número de crímenes cometidos contra los informadores3. Once de estas leyes son muy similares a la ley federal en la materia, estableciendo medidas de protección y mecanismos para ejecutarlas, aunque con variantes regionales en función de los recursos financieros y humanos que es posible des-tinar a esta labor. Dentro de este conjunto, llama la atención la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, del estado de Veracruz. No obstante, se trata de la entidad en donde más crímenes contra periodistas se perpetran en el país, su legislación se aboca a reglamentar la administración de la comisión, y no a la instalación de las medidas de protección. Esta situación se ha interpretado como una falta de voluntad política ocasionada por la fallida transición a la democracia en Veracruz, lo que ocasiona un autoritarismo regional centrado en la simulación (Olvera & Del Palacio, 2017). También es necesario indicar que existen entidades con altos índices de violencia contra periodistas, y que no cuentan con una ley estatal de protección para ellos, como Chihuahua, Oaxaca y Sinaloa4.

En estos cuatro conjuntos se revela una uniformidad procedente de los lineamientos federales, tanto en las materias de regulación, como en la confección de las leyes. Los conjuntos siguientes, muestran ya las características propias de las regiones subnacionales, en tanto que reflejan las preocupaciones propias ante las cuales los instrumentos legales proveen soluciones particulares.

Las legislaciones estatales sobre el gobierno electrónico mantienen su atención en la rendición de cuentas, el uso transac-cional de herramientas digitales para agilizar trámites burocráticos y el acceso permanente a documentos públicos. Los instrumentos son diversos y los términos usados también: gobierno electrónico para algunos, gobierno digital para otros, o gobierno abierto. La diferencia no es ingenua; se asume que el término elegido denota el nivel de compromiso para con los ciudadanos. El término de gobierno electrónico parece definir un enfoque más transaccional y limitado, mientras que el de gobierno abierto ofrece un enfoque más integral y de apertura al escrutinio público.

En el siguiente conjunto aparecen las leyes de apoyo a las industrias audiovisual y cinematográfica. Las entidades sub-nacionales tienen muy poca participación en la producción cinematográfica, por lo que llama la atención que existan ocho leyes sobre este tema. No hay uniformidad al respecto: mientras algunos de estos instrumentos legales se refieren