parte de grupos ciudadanos para legislar adecuadamente en torno a estos temas (Gutiérrez, 2005; Ramírez, 2008; Torres, 2011). Para Gutiérrez (2005), el debate fundamental en aquel momento consistía en tener una legislación clara que garan-tizara el derecho de acceso a la información, al mismo tiempo que brindara certidumbre sobre el ejercicio responsable de la libertad de expresión. La reforma del 2013 trajo consigo sus propias discusiones en torno a las nuevas dinámicas (en lo jurídico-político y en lo comunicacional) sobre la regulación de las innovaciones tecnológicas. Principalmente, lo relacionado con la radiodifusión, las telecomunicaciones, el acceso a la banda ancha, la rendición de cuentas, la violencia contra los comunicadores y los derechos de las audiencias.

Algunas de esas discusiones se encuentran publicadas en varios trabajos. Por ejemplo, Lay (2013) discute la relación entre Estado, democracia y medios de comunicación, a partir del debate legislativo del 2006. En este debate, los aliados de la empresa Televisa en la Legislatura federal propusieron una iniciativa de ley de medios que favorecía a dicha empresa. Lay aborda la problemática del poder fáctico de los medios y su abordaje en la discusión teórica y académica.

Esteinou (2015), es otro autor preocupado por analizar las reglamentaciones federales sobre los medios de comunica-ción. Particularmente, se preocupa por la falta de límites jurídicos para el poder mediático. Desde su perspectiva, esto ha ocasionado que, junto con el Estado constitucional, se erija paralelamente un Estado híbrido en el que los empresarios mediáticos gozan de un poder político fáctico de importancia considerable.

Arroyo (2015), por su parte, encuentra que la reforma del 2013 fortalece la consolidación de un modelo privado y mercan-til para los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Considera que esta situación contraviene el desarrollo mediático del país, y debilita los derechos de la información y la comunicación. Huerta & Becerra (2016), observan que el problema principal se encuentra en las leyes reglamentarias derivadas de la reforma, en las cuales se legisló beneficiando a un grupo reducido de empresarios del sector. Gómez (2018)mira en dirección a las luchas de la sociedad civil para de-mocratizar el sistema de medios en México, frente a la hegemonía privada/comercial que domina el sector.

Toussaint (2018), por otro lado, muestra cómo ha sido el proceso de la transición de lo analógico a lo digital en la tele-visión pública, en el marco de la política pública mexicana para el apagón analógico. Encuentra, una vez más, el fuerte desequilibrio entre el modelo público y el modelo privado “a favor de los consorcios en casi todos los aspectos: cobertura, audiencia, presupuesto” (p. 14).

Álvarez (2018), ofrece un estudio amplio, con mirada crítica, de la historia del sector de las telecomunicaciones y la radio-difusión en México. Aborda las regulaciones, los derechos, las instituciones, la infraestructura y las problemáticas sociales derivadas de su conformación jurídica como sector. Asimismo, revisa el lugar que ocupa México en el plano internacional.

Para el caso de la violencia contra periodistas en México, Hincapié & López (2018) consideran que la reglamentación en la materia no es suficiente. Si bien, las reformas buscan fortalecer los procesos democráticos, existen un conjunto de prác-ticas extralegales de contención de las reformas que preservan prácticas autoritarias y antidemocráticas. Esto tiene un efecto adverso en la protección de los informadores, lo que compromete el respeto a la libertad de expresión.