154 | nº 31, pp. 153-166 | doxa.comunicación

julio-diciembre de 2020

La autonomía informativa en Comunicación Nuclear: análisis de la legislación vigente

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

1. Introducción

Los resultados de las encuestas de opinión son contundentes respecto a la aceptación pública de la energía nuclear y sus centrales de producción: en los últimos años los españoles están en contra de la energía nuclear aunque aumenta su aceptación cuando tienen un mayor conocimiento sobre algunos aspectos de esta fuente de energía (Ipsos Consulting e Innova Investigación de Mercados, 2014-2018).

Los españoles, desde la implantación de la energía nuclear en los años 60, han percibido maniobras de opacidad y falta de transparencia por parte de los gobiernos y de las empresas que operan las centrales nucleares. Sumado a esto, el des-conocimiento de la población, la mala gestión de algunos incidentes en España, las deficiencias comunicativas en los accidentes civiles (Three Mile Island, Chernóbil y Fukushima), las campañas antinucleares, el posicionamiento ideoló-gico de líderes políticos y de opinión, la incertidumbre en la gestión de los residuos radioactivos, y el miedo a un posible accidente nuclear son causas principales de esa desafección de la población ante la energía nuclear, como reflejan los principales autores en esta materia y algunos sondeos del CIS y eurobarómetros1.

Estas encuestas reflejan además que la seguridad, el medio ambiente, la salud pública, los accidentes, la rentabilidad en la producción y los residuos radioactivos son los temas que han coronado el debate históricamente y de una manera cíclica. En la actualidad el debate en España gira en torno al cierre de las plantas atómicas de este país o la renovación de sus licencias de explotación2.

¿Son los Gobiernos responsables cuando informan sobre la conveniencia en la utilización de esta fuente de energía? ¿El organismo regulador traslada una información transparente a la población sobre los sucesos en las plantas atómicas? ¿Las centrales nucleares supeditan sus propios intereses en favor de un conocimiento real del sector? ¿Están los ciudada-nos informados respecto a la energía nuclear? ¿Qué obligaciones informativas tienen las autoridades en el sector atómi-co? En España, el derecho a la información está contemplado en el artículo 20 de la Constitución de 1978.

El objetivo de este estudio es conocer qué autonomía real tienen las centrales nucleares para comunicarse con el público y qué restricciones legales tienen estas industrias en materia de comunicación. Además, una vez conocida la normativa en Comunicación Nuclear, pretendemos saber si los ciudadanos están protegidos por la ley a nivel informativo y en qué situaciones.

2. Metodología

Para esta investigación planteamos las siguientes cuestiones:

¿Las centrales nucleares de España tienen restricciones legales en materia de comunicación o poseen autonomía para comunicarse con sus públicos en cualquier situación?