Articulo_3_ES_Doxa_31_Los_partidos_politicos_abiertos

En la práctica, la apertura de las administraciones se ha traducido en la publicación de documentos y conjuntos de datos en Internet. Pero, según explican Meijer, Curtin y Hillebrandt (2012), esto menosprecia el verdadero valor del Gobierno abierto, que no solo afecta a la divulgación de información, sino también a las relaciones con la ciudadanía y estas no se deben descuidar. Así, el Gobierno abierto va más allá que la transparencia y es importante diferenciarlo del e-gobierno, que hacer referencia a la adaptación de las instituciones a las nuevas tecnologías. El Gobierno abierto, en cambio, está ligado a la regeneración de la democracia y está basado en los principios de la transparencia, la participación y la colabo-ración (Abu-Shamab, 2015). Según McDermott (2012), un Gobierno abierto debe:

Ser transparente y ofrecer información a la ciudadanía sobre las medidas que se están tomando, desde las institucio-nes y promover la rendición de cuentas. Se debe diferenciar, además, entre la transparencia activa (Rubio, 2011), que supone la publicación voluntaria de datos, y la transparencia pasiva, que supone la difusión de información tras una solicitud y que debe regularse adecuadamente (Grimmelikhuijsen, 2012).

Fomentar la participación ciudadana, pues las administraciones pueden nutrirse del conocimiento de la población y el compromiso de la ciudadanía mejora la efectividad y la calidad de las decisiones.

Desarrollar iniciativas y herramientas innovadoras para que la ciudadanía coopere con las instituciones.

Si bien es cierto que los tres valores son indispensables para un Gobierno abierto, se debe reconocer que la transparencia es el principio básico, y primero, para abrir las instituciones. Si las administraciones pretenden conocer las necesidades de la ciudadanía y permitir que participe y colabore, es un requerimiento indispensable que se establezca una comuni-cación efectiva con la ciudadanía (Abu-Shamab, 2015). Este es también el motivo por el que el Gobierno abierto está tan ligado con el desarrollo de la tecnología, pues su éxito depende de que la comunicación con la ciudadanía sea efectiva y deben aprovechar las herramientas digitales para tal objetivo.

Aunque Abu-Shamab (2015) señala que existen algunos dilemas que derivan del desarrollo del Gobierno abierto, como la privacidad de la información y la calidad y accesibilidad de los datos, entre otros, cabe destacar las consecuencias benefi-ciosas. En esta línea, Janssen, Charalabidis,y Zuiderwijk,(2012) subrayan el aprovechamiento de la inteligencia colectiva, pues la deliberación permite la explotación del conocimiento ciudadano y la toma de decisiones legitima las medidas ejecutadas. También progresa la comunicación entre instituciones, a una mayor eficiencia de los servicios y a la estimula-ción de la competitividad. Todo ello puede incrementar y restaurar la confianza de la ciudadanía en las administraciones y empodera a la población.

Los mismos autores también afirman que la apertura de datos (open data) derivada de los procedimientos del Gobierno abierto conlleva el desarrollo de iniciativas innovadoras, la reutilización de la información, la introducción de nuevos puntos de vista en las administraciones y el crecimiento económico.

En España, donde se centra esta investigación, el Gobierno central promueve diversas iniciativas en el marco de los pla-nes de acción de Gobierno abierto desde que en 2011 pasó a pertenecer al organismo internacional llamado Alianza por el Gobierno abierto (Open Government Partnership). Hasta la fecha, se han efectuado el I Plan de Acción entre 2014 y 2016; el II Plan de Acción entre 2012 y 2014; y el III Plan de Acción, entre 2015 y 2018.