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publicitan, se explican en espacios de titularidad municipal y se facilitan a los interesados con el ánimo de transparentar los procedimientos administrativos con una periodicidad preestablecida. Ex post, el proceso rinde cuentas por este mis-mo medio.

Según Ganuza y Gómez (2008), los presupuestos participativos nacieron con dos objetivos: la racionalización del gasto público de una forma más equitativa y orientada a favorecer a los más necesitados y una gestión pública más transparen-te. Con estas premisas, la metodología se asentaba sobre cuatro pilares: un proceso formalizado mediante un reglamento, la aplicación de criterios de justicia distributiva para la toma de decisiones, la participación universal en asambleas pú-blicas y la rendición anual de cuentas por los gobernantes.

A menudo, se cita la ciudad brasileña de Porto Alegre como la pionera en este tipo de consultas. En 1988, Lula Da Silva propone iniciativas participativas que permitan vincular a los ciudadanos en las decisiones presupuestarias, como vía para contrarrestar una asamblea municipal donde no tiene la mayoría electa. La propuesta de Porto Alegre se organiza en tres escalas: barrios, distritos y consejo municipal. Las decisiones de Porto Alegre se han incorporado al ideario de la participación como un referente de acción política vecinal que tiene consecuencias directas en la vida de la ciudad. Desde entonces, se han multiplicado los estudios sobre la participación ciudadana en los procesos políticos locales. Se identifi-can como hitos de la mejora de la calidad democrática y como transformadores de la gestión pública (Michels y De Graaf, 2017). No obstante, numerosos autores concluyen que no existe una correlación directa entre la participación y la mejora institucional global. El grado de éxito habría de medirse por resultados puntuales y no por cambios institucionales radi-cales. Las barreras artificiales para que la participación no obtenga resultados concluyentes son de distinta naturaleza, ya que incluye el clientelismo o la incapacidad para deliberar en público (Pierce, 2010). Bright y Margetts (2016: 220) plan-tean que “un liderazgo político pobre y una demanda ciudadana pobre desempeñan un rol negativo” en la intersección entre tecnología, democracia y participación.

Bellver (2007: 36) habla de una transparencia de segunda generación que identifica progresos en la transparencia econó-mica y en el control social de la actividad política. Así, señala lo siguiente:

Las estrategias cuya naturaleza es de arriba hacia abajo necesitan ser complementadas con mecanismos que vayan desde la base hacia la cima con el objeto de mejorar la responsabilización del gobierno. En años recientes, un creciente número de iniciativas han estado basadas en la participación de la sociedad civil para fortalecer la responsabilización en el sector público. Iniciativas tales como el presupuesto participativo, leyes de reforma administrativa, auditorías sociales, programas de informes y control de gestión ciudadanos y comunitarios, iniciativas todas que involucran a la ciudadanía en la vigilancia del gobierno, pueden considerarse como iniciativas de “responsabilización social”.

Por este motivo, el presente trabajo considera que el presupuesto participativo es reflejo de la comunicación política performativa arriba mencionada. Facilita la mejora de las relaciones con el ciudadano mediante un programa concreto de gobierno, obliga a la creación de campañas de comunicación en el entorno público para estimular la participación y establece unos mecanismos de control para asegurar la igualdad de oportunidades para todos los vecinos, entre las prin-cipales motivaciones (De Blasio y Selva, 2016).