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La consulta pública es un procedimiento que se emplea en el diseño de las políticas que afectan a la ciudadanía para conocer la opinión de los ciudadanos y de otros grupos de interés en un asunto o medida concreta. El diseño es perfor-mativo: “Los resultados de un proceso de toma de decisiones de política pública dependen de la interacción de diferentes tipos de actores, con diferentes objetivos y roles diferentes que, dentro de una network o entramado que puede tener diferentes características, se intercambian recursos, utilizando diferentes modalidades de interacción, para conseguir un acuerdo dentro de un contexto decisional determinado” (Dente y Subirats, 2014: 70).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) (2001) establece unos principios básicos para que la consulta sea efectiva y su diseño se alinee con el buen gobierno: debe ofrecer soluciones alternativas a un problema común, definirse dentro de un marco temporal, facilitarse el intercambio de información pública de calidad e implicarse dentro de los sucesivos borradores de política pública.

En la tipología multidimensional de Diamond y Morlino (2004), los procedimientos asientan la calidad de la democracia y las instituciones, junto con los contenidos de las medidas y los resultados obtenidos. En el plano procedimental, se exige la publicación de las normas de participación, los criterios de selección, los mecanismos de gobernanza y todas aquellas medidas que conduzcan al aminoramiento de la arbitrariedad en las decisiones. El aspecto de los contenidos se concreta en la capacidad cognitiva y presupuestaria de las propuestas. Estas tienen que ser ordenadas y cualificadas en un marco de plan estratégico de desarrollo de las políticas públicas para evitar que se convierten en simples enumeraciones de acciones. Por último, los resultados se miden de acuerdo con las métricas y las variables propias de evaluación de las políticas públicas. No cabe una medición aséptica, en el aire, sin un estudio previos de cuáles eran los objetivos, el coste de la acción y la consecuencia en la vida del ciudadano.

En el caso de la consulta ciudadana sobre presupuestos, según Bellver (2007: 20), se crea valor para el ciudadano cuando escudriña el dinero público y se concreta en “el monitoreo del proceso a través del cual toman sus decisiones presupues-tarias y gastan sus ingresos. Como elemento principal de política económica, la transparencia y la participación en la ela-boración del presupuesto son particularmente importantes para evaluar en qué medida un gobierno es financieramente responsable”.

1.4. Los presupuestos participativos, piedra de toque

En España, los presupuestos participativos se han convertido en bandera del desarrollo de la ciudadanía activa y la recu-peración de la confianza social (Planchuelo, 2018). En el ámbito municipal, la consulta y la participación tiene una fina-lidad más práctica, más ligada a la acción y al repertorio de actividades del municipio o la unidad subsiguiente (distrito, barrio). Frente al ámbito europeo o nacional, la consulta municipal no se centra en los grupos de interés, ciudadanos, lobbies, organizaciones y sociedad civil, expertos, think tanks o universidades. No está en juego el proceso legislativo ni un modelo de participación binaria (Sí/No). En el municipio, se alimenta el flujo de datos, se da forma a las ideas y se forjan alianzas. Los intereses reales representados inciden en la actividad política más cercana.

El objetivo consiste en que el ciudadano participe en las cuentas municipales y determine cómo se gastan determinadas partidas, muy limitadas. Se trata de sumas pequeñas, que no afectan a la orientación general presupuestaria. Las reglas se