doxa.comunicación | 28, pp. 17-36 | 23

enero-junio de 2019

Juan Luis Manfredi Sánchez y Luis Mauricio Calvo Rubio

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

sensación de desagravio respecto a los cambios, y de desconfianza respecto a la capacidad del sistema político para pro-tegerles” (Fernández-Albertos, 2018: 22)

No obstante, conviene indicar otro rango de externalidades negativas del sometimiento permanente a votaciones de las decisiones políticas. Para Bourdieu (2000: 303), las encuestas de opinión generan la “ilusión de que existe una opinión pública como sumatoria puramente aditiva de opiniones de individuos”. En la misma lógica del mercado de ideas, las en-cuestas se instrumentalizan para conocer las inquietudes puntuales de un segmento de población. Se presentan así como “instrumentos de acción política” creadas para “reforzar las relaciones de fuerza que la sostienen o la hacen posible”. Cada iniciativa se somete al mercado de la opinión pública, porque tiene que atraer al flujo de votantes, lo que conduce a la mercantilización de las ideas, las opciones y las propuestas. Según Arenilla (2003: 74), en el gobierno por encuestas “se relega, o al menos existe un alto riesgo de que esto suceda, la política en beneficio de la gestión, se posponen las decisio-nes estructurales de la sociedad en beneficio del predominio de lo micro”. La “democracia de audiencias” (Manin, 1998) explica cómo el sistema político ofrece soluciones generalistas y compromisos flexibles para un “votante flotante” (1998: 285) seducido por técnicas de marketing electoral. El pensamiento crítico incide en esta idea de una encuesta permanen-te que permita al gobernante ausentarse de sus obligaciones de planificación y acciones a largo plazo para concentrarse en aquellas actividades que ofrecen un rédito inmediato, cortoplacista.

1.3. La consulta y la participación en el diseño de las políticas públicas

La transformación digital y las opciones de participación digital ofrecen oportunidades de innovación en la gestión públi-ca (Criado, 2016). Arenilla y García (2013: 30-31) concluyen que la innovación pública pasa por el “desarrollo de productos o procesos novedosos que están orientados a la resolución de los problemas más acuciantes de las personas y a la satis-facción de sus principales necesidades, suponen una mejora de las condiciones anteriores así como una transformación del entorno social y las relaciones humanas”. Estas innovaciones tienen como finalidad mejorar la calidad de vida del ciu-dadano en cualquiera de sus dimensiones: diseño y ejecución del servicio público, calidad del entorno medioambiental, relación con los otros vecinos, desarrollo económico y territorial, control de las cuentas públicas, rendición de cuentas o evaluación de las decisiones municipales. El catálogo es extenso, aunque suele concentrarse en la idea de incrementar la participación ciudadana en las actividades y la vida política como mecanismo de recuperación de la credibilidad de las instituciones, los líderes sociales y los partidos políticos. Sin embargo, se encuentran algunas posibles brechas. La inno-vación, a través de la tecnología, presenta el riesgo de preseleccionar qué tipo de ciudadanos están dispuestos a tomar partido en los procesos de participación (Lidén, 2016).

La rúbrica de la consulta es un principio activo del diseño abierto de las políticas públicas a través de la deliberación en la esfera pública (Fishkin, 2009). Mediante la consulta, se abre un proceso de información y participación que persigue una toma de decisiones más adecuada a los intereses de la sociedad. El pluralismo social amplía la base de representación a sindicatos, universidades, asociaciones y colectivos afectados por alguna causa, padres y madres de escolares, colegios profesionales y ONGs, por citar los grupos más comunes. Aquí encaja con la corriente neoinstitucionalista de la que ya hemos hablado.