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Por último, la tercera fase pretende garantizar una presencia heterogénea de participantes, una suerte de diversidad so-cial. Para ello, se elaboran encuentros y foros deliberativos en los que los ciudadanos pueden debatir con técnicos muni-cipales, con expertos y con grupos de interesados para conocer las distintas vertientes y consecuencias de una decisión. Se concluye con una encuesta post-foro para valorar y medir la satisfacción del ciudadano con la ejecución de la decisión.

Este mecanismo procedimental está en sintonía con las sesiones deliberativas en la que una muestra representativa de la población reflexiona, delibera y profundiza en el tema en cuestión con la participación de expertos, políticos y/o repre-sentantes de movimientos sociales que plantean los diferentes puntos de vista sobre el asunto. La inyección de informa-ción, junto con la facilitación de la deliberación, son los elementos principales de este proceso.

La segunda dimensión consiste en la promoción de la transparencia informativa como instrumento para mejorar la can-tidad de información fiable y confiable de carácter económico y de gestión, político y social a disposición de todos los interesados. La transparencia se alía con la participación social “se constituye como elemento ineludible para la demo-cracia y la construcción de sujetos políticos y morales, a la vez que con tribuye a garantizar la eficacia y la eficiencia de las políticas y las intervenciones del gobierno en lo social. La confianza, por su parte, se presenta como factor fundamental para promover la acción colectiva y contrarrestar la incertidumbre en escenarios de gestión de la diferencia y el disenso sobre los que la democracia debe actuar” (Güemes y Resina, 2018: 76).

Este eje se construye sobre la integridad, que se relaciona con la honestidad en la gestión de información de naturaleza pública. Se concreta en la elaboración de un caudal de información y conocimiento a través de productos y servicios pe-riodísticos orientados hacia el ejercicio de la ciudadanía. La integridad persigue “transparentar la información mediante la integración de la información, la conexión con las estadísticas propias, la elaboración de un catálogo de datos reuti-lizables e interoperables y la promoción de iniciativas de participación ciudadana” (Manfredi, Corcoy y Herranz, 2017).

El flujo de datos se pone al servicio de la participación cuando se convierte en productos inteligibles como un proceso de información y respuesta, una suerte de conversación entre los poderes ejecutivo y legislativo, los empleados públicos y la sociedad. En el proceso de aprendizaje (Manfredi, 2016), los grupos sociales informan, actúan, presionan y orien-tan los planes de acción municipal. Este procedimiento es uno los activos más interesantes para la recuperación de la credibilidad de las instituciones, porque atesoran y publicitan los mecanismos de buen gobierno, entre otros, la propia participación social. Bright y Margetts (2016) considera que la publicidad de los procesos de creación y gestión de las po-líticas públicas contribuyen a la aceptación social de tales políticas, si contribuyen de forma activa y no como resultado de la agregación de votos, tuits o “me gusta”. Si se enfoca por esta vía, el ciudadano podría ni siquiera ser consciente de esa participación pasiva.

Según el profesor Brugué (2014), la recuperación de la confianza social es una tarea urgente: las políticas públicas están fracasando en sus intentos de construir aquellas sociedades imaginadas. La crisis de credibilidad inicia su andadura en el ámbito de la política, pero se extiende al de las políticas públicas. Nos referimos así a una doble crisis de legitimidad del sistema político administrativo: aquella que afecta a los inputs del sistema y aquella que se refiere a sus outputs. Por su naturaleza, esta crisis crea una categoría nueva de desafección, una suerte de “precarios políticos” que comparten “una