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1.2. Participación y deliberación pública

La participación es uno de los temas preferentes en la literatura académica reciente en materia de regeneración demo-crática, ciudadanía activa y procesos políticos, sobre todo en ciudades (McLaverty, 2017; Ammassari, 2010; Harvey, 2013).

La participación ofrece oportunidades de innovación en la esfera municipal para contrarrestar “los déficits de la demo-cracia representativa” y señalar “las dificultades para construir una alternativa” (Pierce, 2010: 23). Bauhr y Grimes (2014) ponen el acento en el valor de la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos para mejorar la “participación informada” por parte de los ciudadanos. Baack (2015) considera que los datos en abierto no son accesibles por sí solos, sino que requieren la mediación activa tanto de activistas como de periodistas. El activismo, a través de mecanismos de participación, permite introducir ideas novedosas, “contrahegemónicas” (Carroll y Hackett, 2006). No se trata de una cuestión cerrada. Michels y De Graaf (2017) muestran las dificultades para conectar la participación con la capacidad eje-cutiva de transformar las políticas públicas, si bien se valora de forma positiva su capacidad para asesorar a instituciones locales. Por su parte, Rafael Rubio (2018: 25) conecta la comunicación con el derecho a involucrarse en los procesos de tomar de decisión: “Esto incluye el compromiso de las autoridades a brindar información sobre los asuntos, abrir canales de participación, tener en cuenta la contribución de los participantes y comunicar como eso se traduce en la decisión”. El autor considera que dichas técnicas son el mecanismo para “garantizar y ensanchar las oportunidades de participación individual, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en general en el ejercicio de la autoridad pública como forma de fortalecer la confianza y la credibilidad en las instituciones democráticas” (íbidem).

En el ámbito de la deliberación, la información disponible y organizada en formato digital ha de acompañarse de un pro-ceso deliberativo presencial para mejorar la calidad de la discusión. El proceso colectivo y presencial tiene como finalidad encontrar argumentos, aunque no sea garantía de una propuesta viable y sostenible. Como sostiene Manin (2005: 239), “la discusión argumentada no produce necesariamente una deliberación colectiva satisfactoria”. Esta conceptualización de comunicación de naturaleza pública necesita un entorno político abierto al ejercicio a la crítica y la elevación de pro-puestas sociales desde la participación. El gobierno abierto, la transparencia, la participación y la colaboración están en la agenda de la gestión estratégica municipal, por lo que encontramos multitud de iniciativas de distinta naturaleza entre los ayuntamientos españoles (Campillo-Alhama, 2013).

Sensu contrario, en ausencia de profesionalización se reduce la calidad informativa, que se encuentra disponible en los formatos digitales de los municipios, en los servicios públicos de información y gabinete de prensa o en la propia web como repositorio de archivos y documentos de interés público (Manfredi, Corcoy y Herranz, 2017). La mala práctica pro-fesional conduce a la elaboración de piezas informativas sin orden, de naturaleza anecdótica y sin función documental (Herrero, Martínez, Tapia, Rey y Cabezuelo, 2017; Fernández, Trabadela, Garcés y Ruano, 2017). Este modelo empobrece la calidad de la información y dificulta la participación con garantías. No cabe un desarrollo participativo vecinal si no se ordena la libre disposición de información pública con arreglo a estos principios de calidad.

La comunicación en la esfera pública afecta a la participación ciudadana en dos ejes. El primero tiene que ver con la concepción neoinstitucionalista, que considera que el gobierno de calidad requiere dotarse de instituciones reguladas, previsibles, estables que incentiven el buen comportamiento de los actores políticos. La nueva corriente de pensamiento