doxa.comunicación | 28, pp. 17-36 | 19

enero-junio de 2019

Juan Luis Manfredi Sánchez y Luis Mauricio Calvo Rubio

ISSN: 1696-019X / e-ISSN: 2386-3978

cación política de naturaleza pública. Los actores implicados (ayuntamientos, gobiernos, instituciones de derecho públi-co) tienen la finalidad expresa de modificar el entorno que les rodea y afectar la vida de los ciudadanos.

La comunicación política de las instituciones públicas se ubica como paso previo para la transparencia y la rendición de cuentas. La mejor comprensión de las políticas públicas reduce la complejidad y abre espacios para la deliberación (Brugué, 2014). La información pública tiene que orientarse hacia la creación de conocimiento, esto es, la capacidad de entender las consecuencias de las decisiones que se toman en un entorno de complejidad. La complejidad en el diseño y la ejecución de las políticas públicas requiere un enfoque transversal. La tecnología ha modificado el alcance de los intereses generales y los modos de representación, de suerte que afecta a los proyectos políticos. Prats (2005) vincula la gestión pública con la gestión del conocimiento y la construcción de redes, de interacción y participación ciudadana fue-ra del circuito burocrático o de los partidos políticos. La ciudadanía informada toma mejores decisiones en el sentido de que puede orientar las políticas de la administración con propuestas reales y concretas. Existe literatura académica sobre el impacto negativo de la ausencia de información en la toma de decisiones. En este sentido, Zafra, Plata, Pérez y López (2015) indican que los ciudadanos que no tienen acceso a la información municipal actualizada no alcanzan a evaluar los servicios públicos. En un estudio previo, ya señalaba las ventajas de la evaluación de la gestión municipal mediante la difusión en plataformas digitales de indicadores comparables (Zafra, López y Hernández, 2009).

En el plano jurídico, la información pública mejora la evaluación de los proyectos políticos (Alfaro y Gómez, 2016), am-plía el ejercicio de los derechos fundamentales (Guichot, 2014) y dificulta la corrupción (Villoria, 2016). La gestión de la información pública principia en la profesionalización en la difusión de la información municipal con arreglo a criterios profesionales, más cercanos al periodismo que al mero lenguaje administrativo. Manfredi, Corcoy y Herranz (2017: 415) definen este criterio como:

(...) la disposición de información real y tangible sobre el comportamiento del gobierno municipal, el grado de cumplimiento de los presupuestos, la gestión de los recursos colectivos, la dotación de un plan de gobierno, entre otros ítems. En clave municipal, se resta protagonismo al alcalde y se recupera el papel de la oposición y la sociedad civil. Por último, se observa la necesidad de repensar la narrativa periodística en el sentido de articular los mensajes, dar profundidad y contextos a las noticias y explicar el trasfondo de la actualidad municipal.

La profesionalización de la información pública consiste pues en la capacidad de ordenar y publicar los documentos que afectan a los ciudadanos. El ciudadano, con acceso a información pública de mayor calidad, toma decisiones, evalúa po-líticas y propone iniciativas que le afectan. Está en la línea de lo sugerido por Bellver (2007: 44), quien explica que “romper el monopolio de la información empodera a la sociedad civil”, mientras que Baack (2015: 4) conecta la publicación de datos con un nuevo paradigma de participación: “Compartir datos en abierto genera que el proceso de interpretación de los mismos sea transparente y rompa el monopolio del gobierno, lo que significa que cualquier persona podría realizar su propia interpretación de dichos datos que el gobierno utiliza para tomar y justificar sus decisiones”.

La comunicación orientada hacia el incremento de la participación social en las decisiones públicas encuentra acomodo en las teorías de Moore (1998) para la creación de valor público. El ciudadano puede proponer la prestación de servicios definidos, acordes con sus preferencias, puede evaluar el impacto de su participación y la capacidad de escucha de sus representantes municipales y puede recuperar la confianza, si se cumplen sus expectativas.