Ofertas de consentimiento estatal y arbitraje de inversiones.

Abstract

Como en cualquier tipo de arbitraje, el arbitraje de inversiones se fundamenta en el acuerdo de las partes. El consentimiento al arbitraje tanto por parte del Estado receptor de la inversión como por parte del inversor es un requisito indispensable para la competencia del tribunal arbitral. De forma tradicional el consentimiento se otorgaba a través de un acuerdo directo entre el inversor y el Estado receptor de la inversión. Pero en los últimos años, el consentimiento resulta de una oferta unilateral realizada por el Estado receptor de la inversión, que se contempla en su legislacion o en un Tratado internacional, que posteriormente es aceptada por el inversor. Este trabajo analiza cuando este tipo de disposiciones constituyen una oferta inequívoca de arbitraje y cuando, por el contrario, constituyen promesas futuras e incluso una simple consideración general favorable hacia este método de solución de controversias. Una interpretación correcta de estas cláusulas tiene una decisiva importancia si observamos que algunos países, especialmente de Latinoamérica, están empezando a diseñar estrategias para limitar su exposición al arbitraje, comenzando por la denuncia de la Convención CIADI.

Like any form of arbitration, investment arbitration is always based on an agreement. Consent to arbitration by the host State and by the investor is an indispensable requirement for a tribunal’s jurisdiction. Traditionally this would take place by a direct agreement between the host State and the investor. But in the last years, consent result from a unilateral offer by the host State, expressed in its legislation or in a treaty, which is subsequently accepted by the investor. This article analyzes when these provisions constitute an unequivocal offer to arbitrate and when contain simple promises of future consent or hold out a general prospect of sympathetic consideration. A correct interpretation of these clauses has today great importance, if we observe that some countries, especially in Latin America, have started to design strategies to limit their exposure to investment arbitration, beginning by the denunciation of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (The ICSID Convention).