2015 vol. VIII

De acuerdo con la legislación boliviana, el arbitraje de inversiones debe tener por sede Bolivia. Esta es una regulación sui generis de esta materia. El punto de este artículo es demostrar que tal obligación no tiene su fuente en la ley de arbitraje, sino en la Constitución de Bolivia.

Tradicionalmente, se considera que una de las ventajas del arbitraje es su confidencialidad. Esto no así en todo tipo de arbitrajes y en todo caso en el arbitraje sometido a ley española, los sujetos obligados, las excepciones al principio y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de confidencialidad admiten diversas interpretaciones.

Frente a lo que se considera como una “crisis de legitimidad”, desatada por alarmis-mo organizaciones no gubernamentales y académicos de izquierda, grupos antiglobalización y políticos mal informados de otros Estados, los que conocen y entienden acerca de solución de controversias inversionista–Estado (ISDS) deben defender su territorio. Esto es particularmente cierto cuando los Estados exportadores de capital tradicionales “abandonan el barco”, al encontrarse en la posición de demandado en este tipo de re-clamaciones. Algunos Estados en esta situación se ven tentados a denunciar la totalidad el sistema de solución de controversias internacionales adoptando una mentalidad de “bunker” basada en la afectación de los tratados en el conjunto del “el espacio político nacional”.

Examina la aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías en procedimientos arbitrales. El punto de partida para este análisis lo constituyen tres supuestos que reflejan situaciones que frecuentemente surgen en el ámbito del arbitraje. Al hilo de la discusión sobre la aplicabilidad de la CNUCCIM a estas situaciones, este artículo trata también temas más generales, como el efecto de las reservas en el ámbito arbitral y la manera en que los tribunales arbitrales identifican la ley aplicable al fondo del asunto.