En el contexto de sucesos de carácter traumático, la determinación del contenido y forma de la narrativa histórica de aquellos puede acarrear tensiones entre la política de la Memoria y la disciplina de la Historia, la cual investiga y estudia los hechos del pasado para su comprensión. El interés de gobiernos y grupos particulares en recurrir a la ley como instrumento para sustentar y proteger una forma concreta de representación histórica, hace de la memoria una política de la historia que supone una forma de intervención jurídico-política en el ámbito de los estudios históricos. Dicha intervención es notoria en aspectos como la enseñanza de la historia o la sanción penal cuando una narrativa histórica no se ajusta a lo estipulado en la normativa. La intervención legislativa ha sido patente desde la década de los años 1990 cuando, en un número creciente de países de Europa, han venido promulgándose normas con finalidad sancionadora como forma de evitar cualquier cuestionamiento sobre temas históricos, sobre la base de que dicho cuestionamiento supone una amenaza para la paz pública y un desafío al consenso histórico e ideológico existente tras la Segunda Guerra Mundial. El resultado ha sido una creciente judicialización de la historia.