Hasta pasado el primer tercio del siglo XX, España fue un país agrícola. Incluso después, la significación económica de la producción rural en el conjunto productivo -y por consiguiente, en la estructura social- de muchas regiones españolas, prosigue siendo muy importante. Si dejamos a un lado, como una interrogación que contestará el futuro, el papel que, tras 1993 y, sobre todo, tras 1997, va a desempeñar nuestra agricultura como consecuencia del triple embate de nuestra plena integración comunitaria; de las modificaciones de la PAC y de las alteraciones en el régimen de las ayudas comunitarias, así como el papel que debe tener en el contexto comunitario la agricultura mediterránea no pertenenciente a «los doce»; finalmente, de las derivaciones de la Ronda Uruguay y, en general, de la evolución del GATT, es evidente que lo rural debe tener un papel de cierta importancia tanto en el terreno de sus técnicas específicas, relacionadas con la agronomía, como en el de la economía.