Arbitraje

En México, el actual gobierno se ha encargado de impulsar al país económicamente a través de diferentes reformas, una de ellas es la Reforma Energética. Esta reforma, tiene como principal objetivo, abrir el mercado de energéticos a la inversión privada y extranjera, dotando de autonomía técnica y presupuestal a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, quienes ahora serán Empresas Productivas del Estado. Los particulares, ahora podrán invertir en el país, mediante diferentes contratos que las Empresas Productivas del Estado o el gobierno a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, celebrarán con ellos. Con esta apertura comercial y jurídica, se han incorporado en la nueva legislación, el reconocimiento de métodos alternativos de resolución de controversias para los nuevos contratos, y el propósito de este artículo es, (i) exponer estos cambios, así como (ii) platicar las deficiencias que aún persisten, y explicar (iii) los antecedentes que México tiene respecto al Caso Commisa, y (iv) el impacto que esto genera en la nueva regulación.

La Ley Modelo de Arbitraje Internacional de la UNCITRAL fue adoptada por México en 1993. Con posterioridad, la jurisprudencia en la materia ha sido amplia, normalmente favorable al arbitraje y en general, cada vez mejores resoluciones y sobre todo, más precisas. En la presente contribución se examinan tres resoluciones relevantes de este proceso de evolución.

La intención del presente trabajo es realizar un estudio de la evolución del concepto de “orden público”, en México, en los últimos años, tomando como punto de referencia, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el periodo comprendido entre el 2012 y 2017. En este trabajo, se podrá apreciar que el concepto de orden público y su violación, contenía estándares muy altos para su actualización, y posteriormente, dicho concepto evolucionó, para establecer estándares más racionales, acordes con una política coherente y democrática.